Los retos jurídicos del Gobierno Nacional para reactivar la aspersión aérea

Noticia Exclusivo suscriptores El Ejecutivo tumbó la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes de 2015 que había suspendido la fumigación con glifosato.El reto ahora será cumplir cada una de las estrictas condiciones que fijó la Corte Constitucional en varias sentencias. Foto: EFEPERIODISTA JUDICIAL28.08.2026 19:26 Actualizado: 28.08.2026 19:37

Con una cifra récord de 261.000 hectáreas sembradas con coca, y en línea con su promesa de campaña de endurecer la lucha contra las drogas, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella expidió la Resolución 006 de 2026, mediante la cual derogó una directriz del Consejo Nacional de Estupefacientes de 2015 que había frenado la aspersión aérea con glifosato.Aspersión cultivos coca Foto:Federico Puyo. El TiempoTumbar la resolución con la que se dejó en tierra la flotilla de avionetas, justo cuando el país atravesaba los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, sin embargo, no habilita automáticamente al Gobierno para volver a fumigar. El reto ahora será cumplir cada una de las estrictas condiciones que fijó la Corte Constitucional en varias sentencias.En la de 2017, por ejemplo, ordenó explorar formas alternativas de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito y fijó estrictos parámetros para el eventual uso de herbicidas asperjados de forma aérea: delimitó claramente las zonas de aplicación, certificó que sus efectos no fueran perjudiciales para el medioambiente ni para la salud de los ciudadanos colombianos, estableció la temporalidad del programa y realizó consulta previa en los territorios de las comunidades indígenas, afrocolombianas o campesinas implicadas. LEA TAMBIÉN Sin embargo, para 2019, la Corte Constitucional hizo una precisión clave sobre uno de los requisitos que, hasta ese momento, parecía cerrar la puerta al regreso de las fumigaciones de manera definitiva: el alto tribunal explicó que la evidencia científica exigida no implicaba probar una ausencia total e incuestionable de riesgos. También dejó claro que la decisión de reanudar o no la aspersión aérea no estaba en manos de la Corte, sino que le correspondía al Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo adscrito al Ministerio de Justicia.“Lo primero que hay que recordar es que la Corte no prohibió la aspersión con glifosato. Lo que dijo la Corte es que esa opción solo podía realizarse previo cumplimiento de algunas condiciones que se señalaron en la providencia. Unas tienen que ver con los estudios sobre el impacto en la salud humana, animal y en el medioambiente, y otras, en relación con los compromisos del acuerdo de paz relacionados con la sustitución voluntaria, etc.”, le explicó a este diario el exmagistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo.“Implementaré la aspersión con herbicidas de última generación": De La Espriella. Foto:Presidencia.El gobierno de Abelardo De La Espriella ya había anunciado el retorno de esta estrategia bajo esas condiciones en su posesión presidencial. “Implementaré la aspersión con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medioambiente”, sostuvo el primer mandatario en su primer discurso como presidente en propiedad, el pasado 7 de agosto.No obstante, el químico no es la única limitación. El Gobierno Nacional también deberá cumplir con la consulta previa en las comunidades donde se focalizará la estrategia, un requisito que, a juicio de Daniel Mejía, expresidente de la Comisión Asesora para la Política de Drogas, es “el más difícil”.De hecho, el gobierno del expresidente Iván Duque intentó reactivar la fumigación en seis núcleos de operación que abarcaban 104 municipios de 14 departamentos, con una molécula menos concentrada –innovadora, como también lo anunció De La Espriella–, pero una tutela revisada por la misma Corte frenó el proceso porque no se había realizado la consulta previa (Sentencia T-413 de 2021). LEA TAMBIÉN Este es el marco jurídico que enfrenta la orden del Gobierno con la que busca atacar, desde todos los frentes, la expansión de los narcocultivos y, sobre todo, la producción potencial de cocaína, que se disparó en 2023.Ese año, según el Informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, Colombia alcanzó una producción potencial de 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína, es decir, la cantidad de droga que podría producirse si todas las hectáreas cultivadas fueran transformadas. La cifra representó un aumento del 53 por ciento frente a 2022; un número que, sumado a otros factores, como la política de ‘paz total’ del gobierno Petro, llevó al Gobierno de Estados Unidos a descertificar al país en la lucha contra las drogas.De acuerdo con fuentes oficiales, el plan para atacar los narcocultivos contempla el uso de distintos herbicidas y combinará la aspersión manual y aérea con la erradicación voluntaria y forzada, en un intento por retomar una política de intervención más amplia, pero sin apartarse del marco constitucional establecido para estas operaciones.Cultivo de coca en el sur del Cauca, en El Plateado Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPOEn caso de cumplir con la lista de requisitos (ver nota anexa), las avionetas adaptadas para asperjar la molécula a través de decenas de boquillas en cada ala volverían a despegar. Y, según los planes trazados, las horas de vuelo se complementarían con fumigación terrestre e, incluso, con drones.Sara Valentina QuevedoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.