El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella ha anulado la resolución que frenaba la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con glifosato. La decisión, publicada este jueves en el diario oficial, es el primer paso para volver a fumigar desde el aire las 330.000 hectáreas de coca que el Ejecutivo calcula que hay en Colombia. La decisión, firmada por el nuevo viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Carlos Gónima Díaz-Granados, abre el camino para cumplir una de las principales promesas de campaña de De la Espriella. “Hay que empezar a fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia, que son las 330.000 hectáreas de coca, sin violar la decisión de la Corte Constitucional”, dijo en una entrevista con El Tiempo días antes de posesionarse. El mandatario de ultraderecha se refería a los límites y requisitos que ha impuesto la jurisprudencia para el uso de glifosato, por las probadas afectaciones a la salud humana y a la naturaleza que genera su aspersión desde el aire. Por eso, De la Espriella ha prometido buscar otras sustancias para la fumigación. “No lo vamos a hacer con glifosato, lo vamos a hacer con bioherbicidas (...) seremos respetuosos de todo, del ordenamiento jurídico”, insistió en la entrevista. La decisión de este jueves abre de nuevo el camino para la aspersión aérea con glifosato o cualquier otro elemento, pero no implica la reanudación automática de dicha fumigación. De hecho, el segundo artículo de la resolución publicada este jueves es explícito en aclarar que la derogación “no autoriza la ejecución de actividad alguna de aspersión desde aeronave tripulada”. Aclara, además, que la reanudación continúa supeditada al cumplimiento de las cinco condiciones establecidas por la Corte: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o ANLA expida un plan de manejo ambiental para la aspersión aérea; que se haga consulta previa con las comunidades que viven en el territorio a fumigar, cuando sea el caso; que el Instituto Nacional de Salud emita un concepto técnico favorable al hecho; que la ANLA levante una medida preventiva impuesta en 2015; y, para cada intervención, la presentación y aprobación de planes específicos de manejo ambiental.El artículo cinco de la derogación insta al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud a que incluyan en la revisión científica de las afectaciones del glifosato a la salud pública la evaluación más reciente de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso Monsanto Co. v. Durnell. Este pronunciamiento, auspiciado por el Gobierno de Donald Trump, exime a la multinacional dueña del glifosato de la responsabilidad en un famoso caso de cáncer. De hecho, el presidente Trump hace meses una orden ejecutiva para impulsar la producción nacional de glifosato. Esta orden podría abrir la puerta para que los funcionarios del nuevo Ejecutivo echen para atrás las decisiones previas que muestran cómo el glifosato afecta la salud de los ciudadanos.La derogatoria de la resolución implica el comienzo de un nuevo paradigma en la lucha contra las drogas, que priorizará la erradicación forzosa de los cultivos por encima de los acuerdos con las comunidades y la erradicación voluntaria en la que insistió el Gobierno de Gustavo Petro.