NoticiaLa mayor parte de los recursos estará destinada a funcionamiento.Gobierno De La Espriella mantiene el presupuesto de la Rama Judicial en 11 billones de pesos Foto: ArchivaPERIODISTA JUDICIAL28.08.2026 13:16 Actualizado: 28.08.2026 13:22
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 mantiene los 11,4 billones de pesos para la Rama Judicial, de los cuales 9,9 billones serán para funcionamiento, 1,5 billones para inversión y otros 17.695 millones de pesos para el servicio de la deuda pública.La cifra asciende a 18,49 billones de pesos si se suman los 7,06 billones destinados a la Fiscalía General de la Nación, entidad que presupuestalmente aparece en una sección independiente dentro del proyecto presentado por el Gobierno.Estos valores mantienen el monto asignado el año pasado, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, y están muy por debajo de lo que exigía la Rama: más de 16 billones de pesos, de acuerdo con la regla del 3 % del PIB.El Gobierno justificó los 11 billones de este rubro para garantizar “la prestación efectiva del servicio de justicia, mediante el fortalecimiento de cada una de las jurisdicciones, la doble instancia, la implementación del plan integral de descongestión de la especialidad penal y financiar la estructura orgánica”.En el documento se sostiene que se incluyen recursos para el pago de la prima de servicios —que el expresidente Petro había intentado derogar— y para el cumplimiento de fallos judiciales que ordenan reconocer la bonificación judicial como factor salarial.“Adicionalmente, se programan recursos por $932 mm para infraestructura informática y tecnología, en especial para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional $748,9 mm y $183 mm del Sector Fiscalía. En la Rama Judicial se apropian $8,8 billones, destinados a sufragar gastos para el funcionamiento de las Altas Cortes, Tribunales y Juzgados y la Comisión de Disciplina Judicial, ley de víctimas, extinción de dominio y garantía en la legalidad de las sanciones penales, así como garantizar el juzgamiento de los delitos contra la vida y la integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre otros”, agrega el documento.En cuanto a la Fiscalía, se apropiaron 6,8 billones de pesos para apoyar “las acciones penales y de política criminal, drogas ilícitas y demás relacionadas con la asistencia y reparación integral a las víctimas, seguridad ciudadana, desmovilizados, grupos armados organizados al margen de la ley y delitos contra el medio ambiente, economías criminales, extinción de dominio, entre otros”, con el propósito de prevenir, investigar y sancionar las conductas que amenazan la paz y la convivencia ciudadana.Parte de esos recursos estará enfocada en fortalecer las capacidades de la Fiscalía para enfrentar la criminalidad, con inversiones en transformación digital, seguridad de la información, analítica de datos, investigación criminal y modernización de sus capacidades técnico-científicas.El plan también contempla recursos para mejorar y ampliar la infraestructura física del ente acusador, así como para la operación y mantenimiento de la sede única de Cali y el fortalecimiento de las labores de criminalística. La apuesta, según el documento, es que la tecnología también permita mejorar el análisis criminal y dotar a los equipos de Policía Judicial de herramientas especializadas para sus investigaciones.A esto se suma el fortalecimiento de la prueba técnico-científica, la modernización de los servicios tecnológicos y la adecuación de sedes para ampliar la presencia de la Fiscalía en los territorios y mejorar la atención a los ciudadanos. Cuatro billones para el sistema carcelarioEl proyecto también destina 4 billones de pesos al funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, recursos que serán manejados a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).Parte de la plata estará destinada a obras de infraestructura con las que el Estado busca seguir cumpliendo las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, relacionadas con el estado de cosas inconstitucional que durante años ha atravesado el sistema penitenciario y carcelario.Uno de los frentes será precisamente la generación de nuevos cupos para bajar el hacinamiento. La programación contempla 16.126 nuevos cupos, de los cuales en 2027 se proyecta habilitar 1.974 en el Erón Renacimiento, en Sabanas de San Ángel; 1.722 en el Erón de Riohacha; 1.519 en Pílamo, fase I, del Erón de Pereira; y 500 para población indígena en el Erón de Silvia, Cauca.También está proyectada la entrega del pabellón de reclusión femenina de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, con 104 cupos, además de un alojamiento para el cuerpo de custodia con capacidad para 120 personas.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
