La Corte Plena autorizó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a emprender acciones administrativas y legales para intentar frenar el recorte presupuestario planteado por Hacienda. Crédito: Transmisión Poder JudicialLa Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acordó este lunes 24 de agosto impulsar acciones administrativas y legales para intentar impedir una reducción de ₡23,722 millones (USD 52.48 millones) al presupuesto del Poder Judicial correspondiente a 2026, una medida que, según autoridades judiciales, podría afectar directamente la investigación criminal, la persecución penal y la prestación de otros servicios durante los últimos meses del año.La decisión fue adoptada por Corte Plena, que autorizó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a realizar las gestiones que considere pertinentes frente al recorte que el Ministerio de Hacienda pretende incorporar mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido en la Asamblea Legislativa.PUBLICIDADLos recursos involucrados ya forman parte del presupuesto aprobado para 2026 y corresponden a partidas relacionadas con la operación institucional durante lo que resta del año.Entre las dependencias afectadas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción, con ₡9,536.3 millones (USD 21.10 millones), situación que generó preocupación entre integrantes de la Corte por las posibles consecuencias para las labores policiales y de investigación criminal.La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, advirtió que, independientemente del resultado final de la discusión legislativa, la tramitación del recorte ya tendría repercusiones sobre la capacidad institucional para ejecutar los recursos previstos.PUBLICIDAD“Lamentablemente, a esta altura del año y bajo la dinámica de un presupuesto extraordinario, el daño está hecho”, afirmó Romero.La funcionaria explicó que existen dos posibles escenarios. El primero es que la modificación presupuestaria continúe su trámite y finalmente se materialice la reducción, lo que, a su criterio, provocaría “una afectación a la operativa del Poder Judicial y finalmente a la ciudadanía”.El segundo escenario sería que el Ministerio de Hacienda presente el ajuste ante el Congreso y que posteriormente las diputaciones determinen que la reducción no resulta viable.Sin embargo, Romero señaló que incluso bajo esa posibilidad existiría un problema relacionado con el tiempo disponible para utilizar los fondos.“Cuando eso se dé adelante, ya en este año presupuestario, pues va a ser muy difícil revertir el efecto, porque la plata hasta que eso se decida va a estar congelada y ya el periodo para ejecutar los recursos va a ser insuficiente”, sostuvo.PUBLICIDADSegún la directora ejecutiva, esta situación podría traducirse en una subejecución presupuestaria y dificultar la atención de necesidades que la institución tenía previstas para los últimos meses de 2026.El Poder Judicial enfrenta una propuesta de reducción de ₡23,722 millones (USD 52.48 millones) de su presupuesto correspondiente a 2026.Durante la discusión, el magistrado Gerardo Rubén centró sus cuestionamientos en las consecuencias que, según indicó, podría generar una disminución de recursos para las instituciones vinculadas con el sistema de justicia penal.El magistrado sostuvo que 2026 ha sido un año particularmente relevante en el combate contra el crimen organizado y defendió el papel desempeñado por las distintas dependencias judiciales.“Este año ha sido un año fundamental en la lucha contra el crimen organizado y esa lucha se ha dado de manera primordial desde el Poder Judicial”, manifestó.PUBLICIDADRubén mencionó específicamente las funciones desarrolladas por el OIJ, el Ministerio Público, los jueces y juezas y la Defensa Pública, todos componentes que podrían enfrentar limitaciones presupuestarias.“Un recorte para el sistema de justicia penal, para la investigación desde el Organismo de Investigación Judicial, para la persecución desde la Fiscalía, para la jurisdicción desde los jueces y juezas, para la Defensa Pública, nos significa un impacto que tendría consecuencias casi desastrosas”, señaló.El magistrado también relacionó la disponibilidad de recursos con la capacidad de las autoridades para mantener las operaciones contra grupos criminales durante el último cuatrimestre del año.PUBLICIDAD“Hoy hemos logrado que se disminuya el número de homicidios. Hoy hemos desarticulado bandas. Pero ¿qué va a pasar en este último cuatrimestre si no tenemos fondos para que nuestros policías, para que nuestros jueces, para que nuestros fiscales y para que nuestros defensores sigan en ese combate?”, cuestionó.El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sería la dependencia más afectada, con una reducción de ₡9,536.3 millones (USD 21.10 millones). (Foto cortesía CR Hoy).Las magistraturas integrantes de la Sala Constitucional se abstuvieron de participar en la votación adoptada este lunes por Corte Plena.La decisión respondió a que la controversia alrededor del presupuesto y las eventuales acciones legales emprendidas por el Poder Judicial podrían terminar siendo conocidas por la propia Sala Constitucional, por lo que sus integrantes optaron por mantenerse al margen de la decisión.PUBLICIDADCon el acuerdo aprobado, la Presidencia de la Corte queda facultada para valorar y emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para impedir la reducción de ₡23,722 millones (USD 52.48 millones), mientras el eventual presupuesto extraordinario continúa el proceso correspondiente.El choque presupuestario se produce, además, cuando las autoridades judiciales sostienen que requieren mantener recursos disponibles durante los meses restantes del año para garantizar la operación de las diferentes dependencias y, particularmente, las tareas relacionadas con la seguridad y la investigación del crimen organizado.