Senador por el partido Centro Democrático, durante el debate sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).Foto: Cristian GaravitoResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00La Fiscalía General de la Nación respondió a la solicitud de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y determinó que mantendrá bajo su competencia la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares. El ente investigador argumentó que, “al no atribuirse los hechos referidos al doctor Álvaro Uribe Vélez en condición de Presidente de la República, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación continuar con la investigación, bajo los derroteros de la Ley 600 de 2000, siendo esta entidad la que tiene la competencia actual”.En contexto: Proceso contra Uribe por supuesta conformación de grupos paramilitares pasaría al CongresoLa respuesta de la Fiscalía se da luego de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le enviara una carta a la jefa del ente investigador, Luz Adriana Camargo, en la que pedía que el proceso contra el expresidente pasara a manos del Congreso. La petición, aprobada por unanimidad el pasado 19 de agosto, se sustentaba en que Uribe ostenta la condición de aforado y, por tanto, su investigación debería corresponder a la Cámara de Representantes como juez natural, con miras a una eventual acusación ante el Senado.El argumento central de la Comisión, firmada por su presidente, el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, era temporal: los hechos investigados —relacionados con el grupo paramilitar que habría operado en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, y que posteriormente se conoció como Bloque Metro— habrían ocurrido en 2003, cuando Uribe ejercía como presidente de la República (2002-2010).Con su respuesta, la Fiscalía descartó esa lectura y trazó una distinción clave: no basta con que los hechos hayan ocurrido durante el periodo presidencial de Uribe para que se active el fuero constitucional; es necesario que estén relacionados con el ejercicio mismo del cargo. En su respuesta, la Fiscalía precisó que, con base en los criterios señalados por la Corte Suprema de Justicia, las conductas punibles que inicialmente se investigan corresponden a los presuntos vínculos de Uribe Vélez con el grupo armado organizado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ocurridos cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia. En ese sentido, el ente investigador concluyó: “En consecuencia, atendiendo a la Asignación Especial encomendada por la Señora Fiscal General de la Nación, le corresponde a esta Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, continuar con la etapa de instrucción y las decisiones posteriores que el curso de la investigación señale”.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: