El expediente de Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja lleva años dando vueltas entre despachos. Esta semana, cuando parecía que por fin iba a moverse, quedó atrapado en un limbo jurídico que debe resolver la Corte Constitucional. Todo por cuenta de una votación que nadie esperaba: congresistas del uribismo y del petrismo, extrañamente de acuerdo, votaron a favor de la estrategia de la defensa de Uribe, que busca que el expediente pase de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la instancia donde el Congreso investiga a los jefes de Estado y que solo ha avalado investigar a uno en 35 años de la actual Constitución. El origen del enredo está en una petición del penalista Jaime Granados, abogado del expresidente. El 7 de agosto, presentó un memorial ante la Comisión de Acusaciones pidiendo que esta planteara un conflicto de competencias con la Fiscalía para pedirle el caso. Su argumento es que, aunque las masacres ocurrieron en 1996 y 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, uno de los grupos armados involucrados —el llamado Bloque Metro de los paramilitares— siguió operando incluso cuando Uribe llegó a la presidencia en 2002. Por vía telefónica, explica que su solicitud tiene sustento en una lógica que ha alegado la Fiscalía: “Todos esos sucesos se originan en un hecho macro del concierto para delinquir, que se extiende hasta que cesa un año después de que Uribe ya era presidente”. Y es el Congreso, no la Fiscalía, el encargado de investigar los hechos ocurridos en el momento en el que alguien es presidente. Bastaba con estirar el hilo hasta esos años.El abogado advierte que, según la investigación de la Fiscalía, el delito por el que se le acusa no terminó antes del 7 de agosto de 2002, cuando el político antioqueño asumió la jefatura de Estado, sino después. Granados asegura que no entiende por qué un conflicto de competencias genera revuelo, y dice que será la Corte Constitucional la que defina la suerte del proceso judicial. “Este proceso de conflicto de competencias no puede suspender las investigaciones. Las que están en marcha se deben cumplir. Una vez la Corte resuelva, habrá que acatar lo que dice”, concluye.La proposición con la que la Comisión de Acusaciones planteó el conflicto la impulsaron los representantes Daniel Briceño, Jesús “Chucho” Lorduy y Jonathan Pineda, todos del Centro Democrático, el partido que encabeza el expresidente Uribe. También contó con el aval del presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, del también derechista Cambio Radical. Lo inusual fue lo que pasó del otro lado, en la oposición: los cinco representantes del izquierdista Pacto Histórico —David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra—, el partido que se ha configurado en buena medida gracias al pegamento del antiuribismo, votaron a favor de llevar el expediente de Uribe al Congreso. Con ellos, la Comisión aprobó sin votos en contra reclamarle el expediente a la Fiscalía. El partido del expresidente Gustavo Petro emitió un comunicado este viernes en el que niega que haya existido algún acuerdo para beneficiar a Uribe, sin dar una explicación certera sobre las razones de la votación de sus cinco congresistas. “Inicialmente, consideramos razonable y jurídicamente pertinente clarificar la competencia de la autoridad encargada de adelantar la investigación. Sin embargo, ante la controversia pública generada y los señalamientos que han pretendido presentar esta actuación como una forma de complicidad o favorecimiento a la impunidad, queremos despejar cualquier duda: respaldamos que la Fiscalía continúe investigando mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”. El representante Becerra, quien replicó el mensaje, ha escrito en la red social X: “No promoveremos impunidad ni dilaciones. Jamás estaremos del lado de los victimarios”. Se refería, de forma implícita, a la idea compartida de que un proceso que llega a esa instancia legislativa nunca será resuelto. La Comisión tiene una historia tan larga de investigaciones congeladas que se le suele decir en broma “comisión de absoluciones”. Son pocos los casos en los que se ha trascendido un proceso hasta la instancia siguiente, la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí llegó el del entonces presidente Ernesto Samper por el sonado Proceso 8.000, pero la Cámara votó por la preclusión del caso, su cierre. Las sanciones definitivas, de la Cámara y luego en el juicio que hace el Senado, son pocas. La condena a Jorge Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional, es la excepción que confirma la regla.Por eso, la votación de los congresistas generó controversia en la misma izquierda. La senadora Carolina Corcho, también del Pacto Histórico, respondió públicamente a Becerra. “Es obvio que la competencia para investigar al señor Álvaro Uribe es de la Fiscalía, dado que los hechos que se le imputan, las dos masacres y el asesinato de Jesús Maria Valle, se dan entre 1996 y 1998 cuando él era Gobernador de Antioquia, antes de ser Presidente que fue 2002 a 2010, donde no hay hecho investigado. Los hechos fueron previos a su Presidencia, luego no existe duda de que es la fiscalía quien debe investigarlo. Además en el año 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró estos hechos criminales y masacres, como delitos de lesa humanidad, que no precluyen en el tiempo. No es aceptable el voto que hicieron”. Para Granados, las acciones del senador Iván Cepeda, denunciante de Uribe en varios procesos, están detrás de la reacción posterior a la votación. “Esto no es un tema político; la decisión de la Comisión fue unánime”, dice. “Otra cosa es que Cepeda esté moviendo sus fichas, derrotado, para hacer lo que no es”, insiste.La Fiscalía ya rechazó formalmente el pedido de trasladar el expediente al Congreso. La fiscal delegada Marcela Abadía sostuvo que mantiene la competencia y, como establece la ley, remitió el conflicto de competencias a la Corte Constitucional, que deberá estudiar el caso y definir quién seguirá adelante con la investigación.Para el penalista Fabio Humar, si la decisión es enviar el expediente a la Comisión en el Congreso, “tendrá la típica suerte que tienen todos los procesos allí, que es muy poco avance”. Señala, sin embargo, que en los últimos años la Fiscalía tampoco ha tenido avances significativos en la investigación. “Es lamentable la demora en la justicia, y sumamente injusto con el investigado, que queda sometido a un proceso eterno e indefinido. Y también con las víctimas del proceso”. Granados, que ve el conflicto de competencias como una fase más del proceso, concluye con un: “Se hace justicia no solamente acusando, sino también absolviendo”.