Fracasó la negociación entre Discord y el gobierno de Brasil para la firma de un Término de Ajuste de Conducta que buscaba adaptar las funcionalidades de la plataforma a las normas brasileñas, poner fin a las investigaciones en curso y evitar nuevas sanciones.
El Gobierno de Lula decidió demandar a la empresa y solicitar R$ 500 millones (US$ 97 millones) por daños morales colectivos.
La cantidad corresponde a R$ 50 millones por cada una de las diez infracciones que, según el Gobierno, fueron identificadas, documentadas e incluidas en la demanda.
Entre ellas figuran fallos en la verificación de edad, la falta de vinculación de niños y adolescentes con sus responsables legales y la omisión a la hora de comunicar casos a las autoridades.
La negociación involucró al Ministerio de Justicia y a la Abogacía General de la Unión, sin la participación de la Agencia Nacional de Protección de Datos, que continúa con su propio proceso.
