Por unanimidad, los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia firmaron una acordada en la que encomendaron al Cuerpo Médico Forense la confección de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”. La medida era una demanda de represores y sus familiares, que advertían que el Gobierno libertario no había hecho demasiado por sacarlos de prisión. Cuando Milei asumió la presidencia, en la fórmula con Victoria Villarruel, familiares y amigos de los represores se ilusionaron con una amnistía a los represores o bien arrestos domiciliarios para todos los detenidos. Lo cierto es que la facultad de otorgar esa medida la tienen los jueces de Ejecución. Y si bien los juicios por delitos de lesa humanidad no avanzan a la velocidad que lo hacían en otras épocas, tampoco se detuvieron. El universo al que se dirige esta acordada es limitado: según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad hay 76 represores presos en cárceles, la mayoría de ellos (58) en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, unos 440, están en arresto domiciliario. Según estos números, más del 85 por ciento de los represores están en sus casas y menos del 15 por ciento, en prisión.