La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la creación de un protocolo médico para evaluar las condiciones de salud de las personas detenidas y determinar si pueden recibir tratamiento dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida podría tener impacto en los pedidos de prisión domiciliaria de represores condenados o investigados por delitos de lesa humanidad.
A través de la Acordada 21/2026, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.
El objetivo, según establece la resolución, es “sistematizar los criterios” y proporcionar a los jueces “mejores elementos de juicio” al momento de resolver si corresponde otorgar una prisión domiciliaria por razones de salud.
La medida no dispone por sí misma el beneficio para ningún detenido en particular, pero establece nuevos criterios para las evaluaciones médicas que pueden ser consideradas por los magistrados al analizar este tipo de pedidos.
Qué deberá evaluar el protocolo
