El presidente José Antonio Kast ha planteado la necesidad de abrir un debate nacional sobre si los reclusos con enfermedades terminales o que ya no tienen conciencia de su situación deben permanecer en prisión hasta morir. “Nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel”, sostuvo este lunes en Radio Duna. El mandatario atribuyó la cita al exjuez español Baltasar Garzón, conocido por impulsar en los años noventa causas contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) bajo el principio de jurisdicción universal. “Si una persona tiene un cáncer terminal, ¿lo vamos a dejar morir en la cárcel? Yo creo que no”, defendió. Consultado si se trataba de indultos el debate que pretende instalar, el presidente lo descartó, apuntando que se trata de un asunto “humanitario”, aunque insistió en que se trata de “un debate nacional” que le corresponde al Congreso. Por la noche, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó la apertura del debate y lo ligó a la crisis del sistema penitenciario. Hay “un tema de economía práctica que a esta altura créame que me preocupa, con una sobrepoblación de un 150%”, apuntó en Tolerancia 0 de CNN. El secretario de Estado fue más allá y, aunque aclaró que “no es que defienda la política del presidente Bukele y sus cárceles”, afirmó que si fuera preso “preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá”.Consultado sobre si ese criterio humanitario alcanzaría también a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, hoy recluidos en penales como el exPunta Peuco, Arrau respondió: “Un homicida, una persona que viola, también es una persona que vulnera los derechos humanos”, respondió, y agregó que “la mayoría de las personas presas en nuestro país han violado derechos humanos” en el sentido amplio del término. Los delitos de violaciones de los derechos humanos son imprescriptibles e inamnistiables -es decir, que tampoco pueden beneficiarse de una amnistía-. Ese el criterio que ha regido en Chile desde los años 2000 para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Aunque esos delitos no prescriben ni son amnistiables, sí podrían ser objeto de un indulto humanitario, que es una facultad distinta, propia del presidente, y no equivale ni a prescripción ni a amnistía. Kast visitó en 2017 los penales de Colina 1 y Punta Peuco como diputado, en la primera de sus tres candidaturas presidenciales, y declaró entonces que “más allá de las condenas, militares y civiles merecen justicia”. “Hoy en muchos casos prima la venganza por sobre la justicia” afirmó. En la última campaña presidencial, el pasado diciembre, el diputado republicano José Carlos Meza planteó que la conmutación de penas para enfermos terminales o mayores de cierta edad debía aplicarse “sin distinción de delitos” —incluyendo a violadores de menores—, lo que generó una ola de críticas. Kast dijo en un debate que “jamás indultaría a un abusador de niños” y que el tema “no está en el programa, no lo vamos a hacer”, pero en el mismo espacio defendió el criterio humanitario y también citó al juez Garzón. “Si hay una persona que no tiene conciencia, que no sabe dónde está (...) ¿usted lo va a dejar ahí preso?“, planteó, en la misma línea de su postura actual. Kast no ha respondido con claridad si, como presidente, indultará a los condenados por delitos de lesa humanidad. Ante las eventuales solicitudes —dijo no tener ninguna “en su escritorio”— sostuvo que se resuelven “caso a caso” y sin ceder a presiones políticas ni de encuestas.