EDITORIALEl TSE debe liderar un esfuerzo sin precedentes para fiscalizar a los candidatos.
Partamos de los hechos. En Guatemala existen casos concretos, reales y francamente inverecundos de expresidenciables, exdiputados y exalcaldes que se creían muy listos pero terminaron extraditados, enjuiciados y condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Han pertenecido a distintos partidos y han ocupado distintos espacios de poder. Algunos llegaron incluso a declararse culpables ante la justicia estadounidense para buscar una condena más leve. Durante años, todos estos impresentables se disfrazaron como ciudadanos respetables, empresarios prósperos, dirigentes partidarios, candidatos impolutos y funcionarios que hasta presumían de supuestos logros; algunos incluso recibieron reconocimientos.
Estos histriones se mostraron indignados y ofendidos cuando llegaron los pedidos de investigación, los antejuicios y los procesos de extradición. Por eso mismo, tal como señala el análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), la pregunta ya no es solo si el narcotráfico intentará penetrar en estamentos del Estado a través de cargos de elección: es vergonzosamente evidente que sí ha ocurrido. Sin embargo, fueron inscritos para candidaturas pese a sus antecedentes, bajo una perversa interpretación de “presunción de inocencia” y alegando que la condena fue en otro sistema legal.
