Opinión
Editorial
EDITORIALHasta el momento, no existe una sola iniciativa conocida del Tribunal Supremo Electoral, de la magistratura anterior o la actual, para modernizar, tecnificar e interconectar la verificación de cuentas partidarias.
Cuando faltaba poco menos de un mes para la convocatoria electoral del 2023, autoridades de Estados Unidos hicieron un requerimiento de extradición, por cargos de narcotráfico, contra cuatro politiqueros que ya preparaban candidaturas de reelección. El Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio de quienes poseían inmunidad en virtud de su cargo. De hecho, tres de ellos fueron inscritos por el Tribunal Supremo Electoral y fueron electos. Para no hacer larga la historia, hoy por hoy, los cuatro están presos en Estados Unidos, tres de ellos con sentencia y dos son confesos, el más reciente de los cuales es el exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, quien llegó al cargo en el 2015 con el Partido Patriota. Se reeligió en el 2019 con Prosperidad Ciudadana y en el 2023 con Vamos.
Los otros condenados son el exdiputado Armando Ubico, quien usó su cargo para proteger cargamentos de droga. A pesar de tener una condena en EE. UU. por narcotráfico, el TSE lo inscribió como candidato en el 2015, postulado por el partido Todos, con el cual se reeligió en el 2019. Ubico presidió la Comisión Legislativa de Defensa desde el 2020 hasta su desaparición del hemiciclo, cuando se declaró con lugar el antejuicio, en el 2023. Se entregó, y el año pasado fue sentenciado a 18 años de prisión.
