Opinión
Editorial
EditorialY si ocho veces no es sospechoso, hay que ver el lapso de dilación: se reprogramó para enero del 2027, cuando esté más cerca de cumplirse una década de la tragedia.
De entrada cabe cuestionar si a nivel de jueces o del Organismo Judicial existe algún tipo de interés, acuerdo o subrepticio pacto para proteger a la jueza suspendida Rocío Murillo, implicada en el mortífero siniestro del Hogar Seguro, acaecido el 8 de marzo del 2017: por octava ocasión se suspendió la audiencia de apertura a juicio, programada para ayer en el Juzgado Cuarto Penal. Y si ocho veces no es sospechoso, hay que ver el lapso de dilación: se reprogramó para enero del 2027, cuando esté más cerca de cumplirse una década de la tragedia que segó la vida de 41 menores de edad guatemaltecas bajo tutela del Estado.
El supuesto incumplimiento de deberes del cual se señala, entre otros delitos, a Murillo fue muy grave, pues su actuación oportuna pudo haber marcado la posibilidad de sobrevivencia de aquellas menores: la Procuraduría de Derechos Humanos solicitó un recurso de exhibición personal a Murillo, entonces jueza de Paz de San José Pinula, y ella debió cumplir tal garantía la noche del 7 de marzo, cuando se suscitó el intento de fuga de las niñas, quienes denunciaban maltrato y abusos; sin embargo, a pesar de su cargo, que le otorgaba prerrogativas de ley, no practicó el habeas corpus. Adujo que la Policía no le permitió pasar, pero no lo denunció ni lo hizo constar. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la jueza registró falsamente que sí se había hecho la diligencia. A la mañana siguiente se produjo el letal incendio.
