El órgano de control solicitó información sobre la contratación suscrita entre el CNE y la empresa Unión Temporal Actores Electorales 2026.Foto: Camilo Rodríguez - CNEResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00En la mañana de este martes 25 de agosto, la Contraloría General de la República anunció, a través de un comunicado público, la apertura de una indagación preliminar con el fin de verificar posibles irregularidades y sobrecostos en contratos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones de 2026.Según la Contraloría, la decisión de iniciar esta indagación se tomó teniendo en cuenta la relevancia de los procesos investigados, “relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales”.Lea: ¿Carlos Caicedo salió del país en medio de proceso por corrupción? Esto se sabePuntualmente, el órgano de control solicitó información sobre la contratación suscrita entre el CNE y la empresa Unión Temporal Actores Electorales 2026. La Contraloría pidió datos relacionados con las fechas de inicio y terminación, valor, objeto y estado de los contratos, así como información sobre el interventor y/o supervisor y la relación de pagos realizados en cada caso.Asimismo, solicitó información sobre los contratos suscritos con LinkTic y BexTechnology, empresas que integran la unión temporal con una participación del 95 % y 5 %, respectivamente.Le puede interesar: Reforma pensional: dos años de espera y el riesgo de volver al punto de partidaLa Contraloría aclaró que la apertura de esta actuación no implica una declaratoria de responsabilidad, “sino el inicio de las verificaciones correspondientes por parte del organismo de control”. Además, el órgano de control detalló que, en el marco de sus competencias, puede requerir y examinar todos los procesos relacionados con recursos públicos.“El órgano de control, a través de sus competencias, puede requerir, conocer y examinar todos los datos e información sobre hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren recursos públicos o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, sin oponibilidad de reserva legal, exclusivamente para el ejercicio de sus funciones. Una vez culminada la investigación, la Contraloría informará los resultados a la opinión pública y al país”, concluyó.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: