La Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que investigue la posible importación y comercialización en España de productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente y etiquetados como si fueran originarios de Israel.
En concreto, ambas entidades denuncian ante Consumo que frutas y hortalizas etiquetadas como israelíes podrían proceder de territorios ocupados, en presunta infracción del Real Decreto-ley 10/2025 que prohíbe expresamente su entrada en España, ya que su verdadero origen quede reflejado en el etiquetado y lo que habría permitido su posible venta en los principales supermercados españoles, según informan en un comunicado.
De esta forma, su denuncia se apoya en los indicios recogidos por el informe 'Importando la Ocupación', elaborado por el centro de litigación Global Echo tras cuatro años de investigación, así como en una reciente investigación periodística del diario 'Público'.
Según esta información, durante los últimos años España ha sido uno de los principales mercados europeos para determinados alimentos procedentes de Israel. Así, en 2025 importó 43.825 toneladas de patatas, por valor de 26,59 millones de euros, y cerca de 2.900 toneladas de dátiles, por unos 17 millones de euros. Las frutas, hortalizas y semillas supusieron, además, el 81% del total de las importaciones españolas desde Israel.
