La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo sobre la posible venta de productos procedentes de territorios palestinos ocupados, algo prohibido por la legislación española, y que eran etiquetados como importados de Israel. PublicidadLas organizaciones han basado su denuncia en los indicios recogidos en el informe Importando la Ocupación, del Centro de Litigación Global Echo, así como en el reciente reportaje de investigación de Público, escrito por los periodistas Víctor López y Emilia G. Morales, sobre la venta de dátiles y frutos secos producidos en territorio palestino ocupado y comercializados en supermercados de nuestro país. Ambas investigaciones apuntan a la entrada de productos agrícolas cultivados en asentamientos ilegales en Cisjordania, sin que su verdadero origen se vea reflejado en el etiquetado, lo que habría permitido su venta en el mercado español.España es uno de los principales compradores en Europa de productos agrícolas procedentes de Israel. Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) muestran que en 2024 España importó de Israel 71 millones de euros en mercancías agroalimentarias y pesqueras, siendo las frutas (destacando los dátiles), hortalizas y semillas los productos que más llegan a nuestro país. La denuncia solicita que el Ministerio de de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investigue si estas importaciones incumplen el Real Decreto 10/2025, por el que se prohibió la venta en España de productos procedentes de estos territorios palestinos, cuya ocupación fue declarada ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia."La transparencia es imprescindible para que cada persona pueda ejercer un consumo informado y acorde con sus valores, especialmente cuando hablamos de productos procedentes de territorios palestinos ocupados", ha afirmado el director de CECU, David Sánchez Carpio. PublicidadAdemás, de confirmarse estos hechos, según denuncian CECU y COAG, se incurriría en una vulneración de la normativa de consumo y etiquedado, ya que el compador recibe una información incorrecta sobre el origen del producto. Ambas organizaciones advierten que también supondría una competencia desleal para los agricultores de nuestro país, que cumplen con una legislación nacional y europea más exigente. Reclaman al Ministerio que compruebe mediante inspecciones de dónde proceden realmente estos productos, determine qué empresas podrían estar implicadas y tome medidas sancionadoras si se confirma que se han cometido irregularidades.Por ello, Sánchez Carpio pide "una investigación exhaustiva y el cumplimiento estricto de la legislación vigente", porque "defender los derechos de las personas consumidoras también significa garantizar que la información sobre el origen de los produtos sea veraz".