El Ministerio de Hacienda no facilita los datos de las sanciones impuestas a empresas israelíes que exportan a España mercancía procedente de los territorios sirios y palestinos ocupados. Este comercio está expresamente prohibido por el artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2025 de medidas contra el genocidio en Gaza, coloquialmente conocido como el decreto del embargo de armas a Israel. El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de esta norma es la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con competencias en el ámbito aduanero y que depende del Ministerio de Hacienda, que dirige Arcadi España.PublicidadUn portavoz de la AEAT asegura a Público que no dispone de la información "automatizada" relativa a las sanciones interpuestas contra empresas israelíes por importar productos de los territorios ocupados. El organismo tampoco aclara si llegó a detectar algún intento de introducir en nuestro país mercancía procedente de las colonias israelíes. Hacienda sostiene que disponer de esos datos "requeriría una extracción manual en cada Aduana", motivo por el que -insisten- no estarían "en disposición de facilitarlos".Público formuló esta solicitud después de constatar la existencia de tres compañías israelíes que presumen en sus páginas web de exportar dátiles y frutos secos procedentes de la Cisjordania Ocupada a España. Este periódico pudo conocer dicha información tras consultar una base de datos compartida por el medio digital EUObserver y elaborada por el grupo francés Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE) y la entidad israelí Who Profits. Las tres firmas en cuestión publicitan en sus páginas web que sus productos siguen llegando a España. Este periódico realizó la última comprobación en sus webs el 17 de julio de 2026.Las empresas que incumplirían la legislación vigente son Field Produce Marketing, Hadiklaim y Agrifood Marketing, todas ellas especializadas en el cultivo y la venta de dátiles, fundamentalmente de la variedad Medjool. La norma que estarían vulnerando surgió como respuesta a las exigencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en 2024 emitió un dictamen en el que instaba a todos los Estados a no reconocer ni cooperar con los territorios ocupados ilegalmente por Israel.Puntos débiles del embargoEl Gobierno de España aprobó el embargo de armas a Israel más de 500 días después de que se iniciara la fase final del genocidio en la Franja de Gaza. Esta norma no solo pone coto –con notables limitaciones- a la compraventa de armamento procedente de Tel Aviv. En su artículo 3, también prohíbe "la importación aduanera de productos originarios de los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado".PublicidadLa forma que tienen las autoridades españolas de conocer qué productos provienen de los territorios palestinos ocupados es a través del código postal de origen, unos indicadores que quedaron fijados en la resolución del 23 de diciembre de 2025 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), actualizada el pasado 10 de febrero de 2026.Ahora bien, ¿qué se entiende por "origen" del producto? La resolución del 10 de febrero detalla que es "el lugar en el que se ha llevado a cabo la producción que confiere al producto carácter originario". La lógica apunta a que, en el caso de los productos agrícolas, esta definición encaja con el lugar de cultivo. Sin embargo, Diego Miñano, jurista y miembro de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), señala que, generalmente, "el lugar de origen coincide con el que consta en el etiquetado, que suele ser el lugar donde se realiza la última transformación sustancial del producto".Este periódico también ha preguntado a la AEAT cómo interpreta el concepto de lugar de origen de un producto. En su respuesta, el órgano público se ha remitido a lo dispuesto en la ley, sin aportar ninguna aclaración.PublicidadGlobal Echo revela además en su investigación Importing Occupation que las compañías israelíes exportan productos de los territorios ocupados palestinos a la UE ocultando su origen real. Y para ello utilizan tres técnicas. La primera, poner en la etiqueta "Israel", sin especificar el lugar concreto de producción. En otras ocasiones, aportan una dirección inventada dentro del territorio legal israelí. Y como última opción, mezclan los productos procedentes de las tierras expoliadas con otros que proceden de Israel, indicando únicamente el origen de estos últimos en el empaquetado."Es tan fácil como que la empresa tenga una propiedad en Israel para determinar que ese es el lugar de origen de su producción", insiste a Público Diego Miñano. Este diario también ha preguntado a la AEAT acerca de los mecanismos que se utilizan para certificar que el código postal de origen de los productos que exportan las empresas israelíes a España es el real. En su respuesta, la Agencia Tributaria aclara que, al igual que en el resto de controles aduaneros, "se analiza la documentación de la mercancía y, en su caso, la propia mercancía, y se pueden efectuar requerimientos a fin de comprobar el origen o cualquier otro elemento de la declaración antes del levante" de los productos. Aduanas también puede realizar controles a posteriori.Para Miñano, esto es insuficiente, habida cuenta de que existen numerosas evidencias de empresas israelíes que mienten en el etiquetado: "Las autoridades aduaneras podrían aplicar la exigencia de prueba de origen prevista en el art. 61 del Código Aduanero de la UE y requerir a Israel que certifique el origen real de las mercancías, detallando si en algún eslabón de la cadena de producción se ha contribuido a la ocupación ilegal de Palestina".El elefante en la sala: el Acuerdo de asociación UE-IsraelMás allá de las fisuras del Real decreto ley y de la resolución de la AEAT, la RESCOP señala que el sistema de filtración creado por ambos textos podría ocultar "un problema de origen". Miñano recuerda que la orden consultiva de la Corte Internacional de Justicia a la que responde la norma española no cumple con las exigencias reales de dicho tribunal, toda vez que el CIJ instaba a "impedir las relaciones comerciales y de inversión que contribuyen a la ocupación ilegal israelí sin delimitar geográficamente un Israel bueno y un Israel malo”.Esto supone -insiste el experto- ignorar dos cuestiones. La primera, "que los asentamientos son solo la punta del iceberg" de un "régimen construido sobre el genocidio, la ocupación ilegal y el apartheid del pueblo palestino". Y la segunda, que estos códigos postales "no son islas en el vacío", sino que se encuentran financieramente vinculados a Tel Aviv. Es por ello que desde los colectivos en defensa de los derechos humanos de los palestinos se recalca que la única forma de presión real a Israel requiere del establecimiento de sanciones como las que se impusieron contra Rusia, incluida la ruptura de relaciones con el país hebreo.La meta no es fácil de lograr, sobre todo si se tiene en cuenta que, para ello, España debería desafiar la política comercial común. En concreto, el Acuerdo de asociación que Israel mantiene con la UE desde el año 2000 y en virtud del cual se eliminaron los aranceles de sus importaciones. Cuando era evidente que alguna de estas mercancías procedía de los territorios ocupados palestinos o sirios, dicho convenio perdía su efectividad. Y las empresas exportadoras israelíes debían pagar el mismo arancel que cualquier otro producto venido del extranjero: un 7,7%, aproximadamente. La AEAT ha confirmado a este medio que las arcas públicas españolas recaudaron en 2024 unos 1,4 millones de euros de impuestos aduaneros de productos importados de Israel. El organismo asegura que este dato es el último que tienen actualmente disponible.