La creciente contaminación de los cuerpos de agua, que se ha visto agravada en los últimos años por el vertido de aguas residuales sin tratamiento en ríos, lagos y otros mantos acuíferos en el país, representa uno de los mayores problemas y desafíos ambientales y sanitarios no solo en Guatemala, sino también a escala global.
Este fenómeno no solo afecta la calidad del agua superficial y subterránea, sino que también compromete la salud de los ecosistemas y de las poblaciones que dependen de ellos. En este contexto, las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) constituyen una solución técnica indispensable, ya que, mediante procesos físicos, biológicos y químicos, transforman la carga contaminante, devuelven el agua en condiciones seguras al medioambiente y permiten su reutilización en riego, actividades industriales y usos urbanos, siempre con estrictos controles de desinfección.
Según datos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), hasta el 21 de agosto último se habían recibido 151 solicitudes relacionadas con la construcción de plantas de tratamiento de aguas en distintos puntos del país.
Los datos proporcionados indican que, del total de solicitudes recibidas, 120 proyectos han sido aprobados, lo que convierte en prioridad la depuración de las aguas residuales en distintos departamentos.
