A finales de julio, el Ministerio de Igualdad convocaba al Comité de Crisis para analizar los asesinatos machistas, que no han dejado de suceder en diversos puntos del país durante este verano, de forma muy preocupante.
Se pide primar la protección de las víctimas de violencia machista que pidan retirar la denuncia o la orden de protección. Una de las conclusiones de aquel encuentro tiene que ver con la necesidad de “recalibrar” el peso que el sistema judicial y policial le da a la víctima ante ese tipo de casos, porque “no actúa en libertad en un contexto de violencia de género”.
También se consideró priorizar la persecución de quien delinque y la protección de la víctima y tener en cuenta que, si hay menores, suele tener “dependencia emocional o económica con el agresor”.
Susana trabaja en el sistema sanitario y a menudo se encuentra con víctimas de violencia machista en su día a día laboral. Son historias terribles que, paradójicamente, ella tiene en casa, en un pueblo de Castilla-La Mancha.
En agosto de 2024 su hermana fue víctima de la primera agresión “documentada” en la que la Guardia Civil intervino de oficio. No hubo intervención ni se activó un dispositivo de protección porque ella no reaccionó. “No pidió ayuda pese a la buena disposición de los Servicios Sociales”, reconoce la familia.
