Así es la hoja de ruta que plantea recuperar territorios, perseguir el dinero criminal y modernizar a la Fuerza Pública

NoticiaSiete grupos de trabajo diseñaron una estrategia para los primeros 100 días que busca conectar operaciones de seguridad con justicia e inteligencia.La unidad esta conformada por tres batallones de Despliegue Rápido. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA24.08.2026 08:03 Actualizado: 24.08.2026 08:03

Una estrategia para golpear las finanzas que sostienen a las organizaciones criminales, la recuperación focalizada de territorios bajo presión de grupos armados, una transformación del sistema de inteligencia y decisiones para modernizar las capacidades militares hacen parte de una hoja de ruta en seguridad y defensa diseñada para los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.Las recomendaciones no provienen de una sola visión. Detrás del documento hay siete mesas de trabajo en las que participaron generales y coroneles en retiro, exfuncionarios, académicos y especialistas que abordaron por separado —pero bajo una misma arquitectura— las economías criminales, el control territorial, la inteligencia, las capacidades de defensa, el marco jurídico, la conducción estratégica del Estado y el desarrollo económico.El resultado quedó consignado en el Cuaderno de recomendaciones de los 100 días y fue elaborado en el marco de una iniciativa de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), a través de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos Nueva Granada (ESAENG), junto con el Strategic Task Force One (STF-1). El documento parte de una idea central: los problemas de seguridad que enfrenta Colombia no pueden tratarse únicamente mediante operaciones militares o policiales, sino como fenómenos conectados con justicia, economía, institucionalidad y desarrollo.Universidad Militar Nueva Granada Foto:Cortesía La hoja de ruta tampoco presenta los primeros tres meses de una administración como el plazo para resolver el conflicto. Su propósito es utilizar ese periodo para adoptar decisiones prioritarias, activar capacidades estatales y concentrar esfuerzos sobre territorios y problemas considerados críticos. Según el documento, la expectativa es que varias de esas medidas puedan llegar después al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y terminar convertidas en políticas de Estado.Mesa 1: atacar el poder económico detrás de las estructuras criminalesLa primera mesa aborda las economías criminales, la multicriminalidad y los flujos de poder. Como cabeza de este capítulo aparece el brigadier general (r) de la Policía Juan Carlos Buitrago Arias, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), exsubdirector de Operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, creador de la oficina de Colombia ante Europol y cofundador de Ameripol.El diagnóstico de la mesa plantea un cambio de enfoque. Para sus autores, detrás de organizaciones como el Eln, las disidencias de las Farc o el 'clan del Golfo' existe un entramado que combina rentas ilegales, estructuras armadas, redes financieras, corrupción, logística, violencia, dominio territorial y capacidad de captura institucional. “Ya no se trata únicamente de narcotráfico ni de estructuras armadas aisladas”, señala el documento.La recomendación, por tanto, es que el Estado deje de enfrentar esas manifestaciones como una sucesión de delitos independientes y comience a atacarlas como “sistemas de poder”. Eso supone identificar no solo al hombre armado, sino a quienes mueven los recursos, blanquean capitales, facilitan operaciones logísticas, corrompen funcionarios o permiten que el dinero ilegal ingrese a circuitos aparentemente legales.Cuatro de los participantes en las mesas de trabajo. Foto:CortesíaLa mesa también pone la mirada sobre las cárceles. Advierte que existen redes criminales que continúan desarrollándose desde establecimientos penitenciarios y plantea estudiar tanto la sostenibilidad financiera del sistema como una reducción estructural del hacinamiento. En paralelo, propone aprovechar mecanismos internacionales como Interpol, Europol y Ameripol y los instrumentos existentes contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos.Mesa 2: recuperar territorios y conseguir que el Estado permanezcaLa segunda mesa se concentró en control territorial, consolidación y gobernanza. El primer responsable que aparece identificado es el mayor general (r) Raúl Hernando Flórez Cuervo, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y de unidades de operaciones especiales. Junto a él participaron los coroneles (r) Hugo Armando Sandoval Villamizar y Raúl Andrés Rodríguez Gallego.Su diagnóstico toca uno de los puntos más delicados del documento. La mesa sostiene que durante la última década el Estado ha sufrido una pérdida gradual de control institucional en zonas donde actores no estatales ejercen coerción, regulan actividades económicas, imponen mecanismos informales de justicia y controlan a comunidades. Esos escenarios, advierte, terminan erosionando soberanía, gobernabilidad y legitimidad.Sin embargo, la respuesta que plantean Flórez y los demás integrantes de la mesa no se limita a enviar más soldados o policías. El documento reconoce que los resultados alcanzados por la Fuerza Pública pueden perderse cuando detrás de la operación no llegan otras instituciones. La recuperación territorial, entonces, tendría que ir acompañada por justicia, infraestructura, servicios públicos, inversión productiva, formalización económica y fortalecimiento institucional.Otro grupo de los participantes en la propuesta. Foto:CortesíaLa apuesta para los primeros 100 días sería concentrar las capacidades del Estado en un número limitado de territorios críticos y producir allí resultados visibles. La lógica es sencilla: entrar, recuperar y, sobre todo, permanecer. Para esta mesa, el control territorial no se consolida únicamente neutralizando una estructura armada, sino impidiendo que el vacío dejado por ella vuelva a ser ocupado.Mesa 3: una inteligencia capaz de anticiparseLa tercera línea estudió la inteligencia estratégica, la superioridad decisional y la innovación. Al frente de la mesa aparece el contralmirante (r) Darwin Alberto Alonso Torres, decano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la UMNG, exjefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia y quien también ejerció como autoridad nacional de seguridad ante la OTAN.El problema identificado es lo que el documento denomina una “insuficiente capacidad del Estado” para producir inteligencia estratégica integrada, prospectiva y permanente. No se trata únicamente de saber dónde se encuentra un objetivo o seguir una operación criminal, sino de anticipar escenarios que todavía no son completamente visibles y que pueden cambiar la naturaleza de las amenazas o la distribución del poder.La propuesta busca, por eso, fortalecer una estructura que entregue información analítica, objetiva y oportuna a la alta dirección del Estado y particularmente al Presidente de la República. Inteligencia, en esta lectura, significa reducir la incertidumbre antes de tomar una decisión, identificar tendencias y prever riesgos en lugar de reaccionar cuando estos ya se materializaron.Soldados usando artillería pesada. Foto:CortesíaTorres y la mesa introducen además un elemento que atraviesa buena parte del documento: el salto tecnológico. Inteligencia artificial, dominio cognitivo, ciberespacio y espacio son señalados como escenarios que obligan al Estado a actualizar capacidades y estructuras. En los primeros 100 días, el planteamiento pasa por activar mecanismos de coordinación y garantizar que las responsabilidades de dirección recaigan en personas con conocimiento, idoneidad y confiabilidad.Mesa 4: la brecha entre los grupos criminales y las capacidades del EstadoEl cuarto grupo puso el foco en la modernización de capacidades, la industria de defensa y las tecnologías emergentes. Como principal responsable aparece el general (r) Juan Carlos Salazar Salazar, quien fue jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. En esta mesa también participó el coronel (r) Hugo Armando Sandoval Villamizar.Su diagnóstico advierte sobre una brecha que se ha venido ampliando: mientras organizaciones criminales y actores armados ilegales incorporan drones, inteligencia artificial, herramientas cibernéticas y conexiones transnacionales, las capacidades del Estado para prevenir, disuadir y responder no siempre han avanzado a la misma velocidad.La mesa también advierte debilidades en capacidades críticas del sector defensa que repercuten en la interoperabilidad, el sostenimiento de las operaciones, la capacidad de fuegos y el poder disuasivo. A eso se suma una restricción presupuestal: buena parte de los recursos se destina a funcionamiento, personal y mantenimiento, mientras los equipos envejecen y la adquisición de nueva tecnología depende, en muchos casos, de compras en el exterior.De ahí surge una de las afirmaciones más contundentes del cuaderno. Los primeros 100 días deberían incluir decisiones sobre programas de compras, actualización de capacidades, fortalecimiento de las industrias del Grupo Social y Empresarial de la Defensa y una revisión de las normas de contratación. El texto sostiene que “se requiere una economía de guerra y una legislación acorde”, al tiempo que plantea aprovechar capacidades nacionales para avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica.grupos armados Foto:grupos armadosMesa 5: las reglas jurídicas para enfrentar las amenazasEl quinto grupo trabajó sobre marco jurídico-operacional, seguridad jurídica y fortalecimiento institucional. El primer nombre que figura en la mesa es el del jurista Jean Carlo Mejía Azuero, académico e investigador en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, Derecho Operacional y Derecho Penal Internacional. Lo acompañaron el mayor general (r) Raúl Hernando Flórez Cuervo, el coronel (r) Hugo Armando Sandoval Villamizar, el teniente coronel (r) Óscar Manuel Quevedo Rojas y el exviceministro Jorge Mario Eastman Robledo.Su planteamiento parte de una paradoja: pese a más de 70 años de conflicto, los autores consideran que todavía existen vacíos en materia de seguridad jurídica para miembros de la Fuerza Pública y otros agentes estatales que deben actuar frente a amenazas y factores de inestabilidad. Para la mesa, esa incertidumbre puede terminar afectando la moral de los uniformados y, en consecuencia, su capacidad de actuación.La discusión escala rápidamente al nivel legislativo. “Hoy por hoy, no se cuenta con una ley de seguridad ni con una ley de defensa nacional”, afirma el documento. Por eso, una de las líneas propuestas consiste en impulsar ambos marcos y fortalecer la coordinación interinstitucional e interministerial alrededor de una definición más clara de las amenazas y de las capacidades que tiene el Estado para responder.Mejía y los demás integrantes plantean, además, una revisión de las normas de justicia y política criminal, con participación del Consejo Superior de Política Criminal y del Plan Nacional de Política Criminal. La crisis carcelaria ocupa un lugar propio dentro de esa revisión. En paralelo, la mesa propone examinar los sistemas locales de justicia y su articulación con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, no solo para responder al delito, sino también para anticiparlo y prevenirlo.La situación en el sur de Cesar es compleja debido a la presencia de grupos armados ilegales. Foto:ArchivoMesa 6: evitar que la estrategia empiece de cero cada cuatro añosLa sexta mesa aborda la dirección estratégica del Estado y el planeamiento de largo plazo. En cabeza de la relación de integrantes aparece Jorge Mario Eastman Robledo, exsecretario General de la Presidencia, dos veces viceministro de Defensa y exviceministro del Interior. También figuran el teniente coronel (r) Óscar Manuel Quevedo Rojas y el coronel (r) Hugo Armando Sandoval Villamizar.Su diagnóstico cuestiona la ausencia de políticas de Estado capaces de integrar justicia, seguridad, defensa y desarrollo nacional. Bajo esa perspectiva, el problema no sería únicamente definir qué operación desarrollar o qué estructura criminal perseguir, sino garantizar que exista una conducción estratégica común que sobreviva a los cambios políticos.Una de las recomendaciones es reactivar el Consejo de Seguridad de Defensa Nacional (CSDN) y asignarle como prioridad la formulación de una Estrategia Nacional o Estrategia de Seguridad Nacional. El documento insiste también en la conveniencia de avanzar en las leyes de seguridad y defensa planteadas desde la mesa jurídica.La propuesta de Eastman y los demás integrantes va incluso más allá: rediseñar el Consejo para convertirlo en un órgano permanente “del Estado —no del Gobierno—”, con carácter vinculante y un secretariado técnico inamovible encargado de hacer seguimiento, evaluación y planeación, además de garantizar que la información estratégica sea transmitida de una administración a otra. La prioridad de los 100 días, aclara el texto, “no es resolver el conflicto”, sino construir una arquitectura que permita sostener una estrategia coherente más allá de cualquier Gobierno.El bombardeo se dio en Catatumbo contra el Eln. Foto:CortesíaMesa 7: la seguridad también se juega en la economíaEl séptimo y último grupo introduce una dimensión menos convencional dentro de la discusión sobre seguridad: desarrollo estratégico e inserción internacional. El primer nombre de esta mesa es el del ingeniero industrial Juan Carlos Rodríguez Rojas, coordinador ejecutivo de la iniciativa y fundador de Strategic Task Force One. Lo acompañan Jorge Mario Eastman Robledo, el mayor general (r) Raúl Hernando Flórez Cuervo y el mayor general (r) Eliot Gerardo Benavides González.Su diagnóstico plantea que Colombia tiene una participación limitada en los segmentos de mayor valor agregado de las cadenas globales de suministro, lo que restringe su capacidad para atraer industrias intensivas en conocimiento, generar innovación y fortalecer su resiliencia económica. La mesa conecta así seguridad con capacidad productiva, tecnología, inversión extranjera e infraestructura crítica.El texto sostiene que Colombia ha sido durante décadas un socio de seguridad y un proveedor de materias primas, pero no necesariamente un actor “indispensable para la prosperidad y la seguridad de Occidente”. Para cambiar esa ecuación, plantea una mayor articulación entre Estado, empresas, universidad y sociedad civil.La apuesta de Rodríguez y esta mesa consiste en dejar de competir únicamente por costos y avanzar hacia lo que denominan una “indispensabilidad estratégica”. Energía, centros de datos, inteligencia artificial, infraestructura digital y cadenas tecnológicas aparecen entre los sectores llamados a atraer inversión de alto valor agregado. El documento menciona además el nearshoring y el friend-shoring como mecanismos para acercar al país a nuevas cadenas productivas internacionales.Minería ilegal, uno de los combustibles de los grupos armados. Foto:Policía de Antioquia.Más allá de los 100 díasAunque cada una de las siete mesas parte de un problema distinto, el documento insiste en que ninguna puede funcionar por separado. Perseguir las finanzas ilegales sin recuperar territorio deja intacta la capacidad de coerción de los grupos; recuperar territorio sin presencia institucional permite que los vacíos reaparezcan; modernizar equipos sin inteligencia reduce su utilidad, y obtener resultados operacionales sin reglas jurídicas ni una estrategia permanente dificulta sostenerlos.Por eso, la propuesta construye una cadena: entender y desarticular el sistema criminal, recuperar el control estatal, crear las capacidades para sostenerlo y construir una salida económica de largo plazo. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la información y la cooperación internacional aparecen como herramientas transversales de esa arquitectura.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.