Noticia Exclusivo suscriptores La polémica por la objeción del presidente De La Espriella abre un nuevo debate institucional en las plenarias.El presidente Abelardo De La Espriella y el congresista Simón Molina (Creemos). Foto: @simonmolinag/X23.08.2026 20:22 Actualizado: 23.08.2026 20:22
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de objetar el proyecto de ley que busca regular los requisitos de mérito para acceder a cargos directivos del Estado abrió una intensa discusión política e institucional. La controversia se traslada ahora al Congreso, a donde deberá retornar el texto para ser revisado y votado nuevamente por las plenarias. LEA TAMBIÉN En entrevista con EL TIEMPO, el representante a la Cámara, Simón Molina (Creemos), defiende la objeción presidencial como un ejercicio de responsabilidad institucional y plantea tres ajustes al proyecto para preservar su objetivo de garantizar la idoneidad técnica sin generar los reparos constitucionales señalados por el Gobierno.La ley objetada deberá volver al congreso para ser revisada. Foto:Diego Caucayo. EL TIEMPO¿Cuál es su posición frente a las objeciones del Gobierno a la ley? Yo entiendo esta objeción no como un choque, sino como parte del funcionamiento normal y sano de nuestras instituciones. El presidente De La Espriella encontró en el proyecto un problema jurídico de fondo y, en lugar de dejarlo pasar por conveniencia política, decidió señalarlo con un oficio serio y motivado, dentro de los tiempos que la propia Constitución le da para hacerlo.Esta objeción no cuestiona el propósito del proyecto del senador (Hernán) Cadavid, que comparto plenamente, y es que el mérito sea el criterio que prime en el acceso a los cargos directivos del Estado. Lo que el Gobierno observó fue un asunto técnico específico: que la manera como se diseñó el mecanismo —al convertir un concepto que la Constitución concibe como consultivo en un requisito habilitante— termina comprometiendo el equilibrio entre las ramas del poder. Son dos cosas distintas y creo que vale la pena que el debate público las distinga con la misma serenidad con que se estudian en las comisiones. LEA TAMBIÉN Simón Molina (derecha), el representante a la Cámara por Antioquia de Creemos. Foto:@simonmolinag/X¿Cómo defenderán ante las plenarias que la fijación de estos requisitos le corresponde al Ejecutivo y no al Congreso?Nadie discute que los congresistas tienen la competencia constitucional de fijar el marco general de la función pública; eso está en el artículo 150, numeral 23, y el Gobierno lo respeta sin reservas. Lo que planteamos ante las plenarias es un matiz más fino: que ese marco general no puede convertirse, en su aplicación concreta, en una prohibición permanente que le quite al Ejecutivo la posibilidad de organizar y ajustar la estructura de sus propios empleos, una competencia que el artículo 189, numeral 14, le confía de manera privativa al presidente. No es, entonces, una discusión de “a quién le corresponde” en abstracto, sino de cómo armonizar dos competencias que la Constitución quiso que convivieran. Ese es el espíritu con el que vamos a presentar el argumento, buscando entendimiento más que confrontación.Dado el malestar manifestado por sectores del propio uribismo, ¿cree que el Gobierno tendrá las mayorías suficientes para que el Congreso le apruebe las objeciones?Es comprensible que haya malestar, y lo digo con total respeto por el senador Cadavid y por quienes lo acompañan: invirtieron tiempo y convicción genuina en este proyecto, y nadie recibe con gusto una objeción a su propio trabajo legislativo. Yo mismo, que soy cercano al presidente De La Espriella, tengo también un compromiso genuino con el Centro Democrático y con quienes allí defienden la meritocracia, así que trato de mirar esta discusión desde los dos lados. Por eso creo que el desenlace no debería medirse solo en votos, sino en la disposición al diálogo que ya existe. LEA TAMBIÉN El senador Hernán Cadavid, autor de la ley objetada. Foto:Prensa Hernán Cadavid.¿Cuál sería entonces su propuesta para garantizar la idoneidad técnica en los altos cargos públicos?Mi propuesta parte de reconocer que el senador Cadavid identificó un problema real. Con todo respeto por su trabajo, plantearía tres ajustes: exigir que el Departamento Administrativo de la Función Pública justifique técnicamente y haga públicos los cambios en los manuales de funciones —sin depender de un concepto previo vinculante—; incorporar una cláusula de revisión periódica para actualizar los requisitos a la par con el país sin que eso se interprete como una rebaja del mérito y preservar el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado únicamente como un insumo consultivo de alto valor técnico. Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
