Gustavo Petro llegó al poder prometiendo cuidar la plata pública, combatir la corrupción y gobernar para quienes durante años habían sido olvidados. Cuatro años después, el empalme deja una fotografía bastante distinta. El Libro de la Verdad, el documento que recoge los hallazgos encontrados por el nuevo gobierno, no nos habla de unos cuantos contratos mal hechos ni de errores administrativos. Lo que realmente muestra es un Estado con problemas serios de caja, deuda, ejecución, contratación y trazabilidad de los recursos. Un gobierno que comprometió billones de pesos y dejó demasiadas cuentas pendientes.Aquí me toca hacer una precisión necesaria. Es claro que el documento no es una sentencia judicial. Sus autores documentaron situaciones encontradas durante el empalme y trasladaron información para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría determinen las responsabilidades que correspondan. Esa diferencia importa. Una alerta o un hallazgo no convierte automáticamente a nadie en culpable. Pero la responsabilidad política por el manejo del Estado y por las cuentas entregadas al país sí puede y debe discutirse desde ahora.Al indagar a fondo sobre lo reportado en el libro, las cuentas son abrumadoras. El balance de Hacienda señala que la caja en pesos estaba en $16 billones al 31 de mayo de 2026, frente a un rango histórico de entre $30 y $40 billones, y proyectaba apenas $7,1 billones al cierre del año. El déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,4 % del PIB en 2025 y hubo que activar la cláusula de escape de la regla fiscal. La auditoría de la Contraloría encontró además que el límite de adjudicación por emisión de TES pasó del 50 % al 100 %, mientras las tasas de colocación llegaron a niveles de entre 13 % y 15 %. El organismo advirtió un posible detrimento patrimonial y remitió el caso a la Procuraduría. En palabras sencillas, el Estado quedó gastando muy por encima de lo que le entraba, con una caja debilitada y una deuda cada vez más costosa.En la UNGRD el panorama es todavía más difícil de explicar. Ahí está el foco de corrupción más grande ya conocido por el país. Entre 2022 y 2026 el sector Presidencia recibió apropiaciones por $18,49 billones y la Unidad concentró cerca de $15,3 billones, alrededor del 82,8 %. Sin embargo, el informe señala que la UNGRD ejecutó apenas el 4,3 % de su apropiación durante el cuatrienio. También registra $856.289 millones girados anticipadamente, $240.766 millones pendientes de reintegro de convenios vencidos, según la Contraloría, y otros $282.990 millones destinados a obras de reducción del riesgo, cuya trazabilidad debía precisarse. Mucha plata concentrada, muy poca convertida en resultados y cientos de miles de millones que todavía exigen explicaciones.En MinAmbiente las cifras también dejan un panorama bastante desolador y retratan una de las mayores incoherencias de Gustavo Petro. El gobierno que más se rasgó las vestiduras por la defensa del medio ambiente terminó dejando un Ministerio con la contratación disparada y prácticamente con muy baja gestión. El gobierno que convirtió el medio ambiente en una de sus grandes banderas tuvo plata para contratar, pero dejó sin ejecutar buena parte de los recursos destinados a protegerlo.Mientras la deforestación volvía a crecer, el Ministerio pasó de 142 contratos de prestación de servicios por $2.121 millones en 2022 a 1.199 contratos por $83.583 millones en 2025. En apenas tres años fueron 744 % más contratos y casi 39 veces más plata. Mientras crecía de esa manera la contratación, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que recibió apropiaciones por $1,8 billones, ejecutó en promedio apenas el 16,5 % anual entre 2023 y 2025. El libro revela además que durante 2025 se comprometieron $474.129 millones de regalías en 25 proyectos ambientales sin respetar sistemáticamente el orden de calificación. Proyectos mejor evaluados se quedaron sin recursos, mientras otros con menor puntaje fueron financiados. Entre estos aparecen $43.435 millones comprometidos en proyectos cuyo ejecutor, AREMCA, tenía, según el documento, una investigación penal activa. Palabras más, palabras menos, había recursos para el medio ambiente, pero las decisiones sobre cómo y a quién entregarlos también quedaron bajo serios cuestionamientos. Con estas cifras sobre la mesa, hay una pregunta que alguien tendrá que responder. ¿Quién decidió repartir los fondos de esa manera y por qué?En salud aparece otra señal difícil de justificar. El 29 de diciembre de 2025, a tres días de terminar la vigencia, el Ministerio asignó más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra, según el documento. El propio Ministerio dio plazo hasta junio de 2026 para completar esos requisitos. Llegada la fecha, solamente 28 proyectos, por unos $834.000 millones, habían presentado la documentación completa. Más de $1,3 billones quedaron comprometidos sin garantía de que las obras pudieran ejecutarse, operar y sostenerse. ¿Cómo se comprometen más de dos billones de pesos y después se completan los estudios que debieron sustentar la decisión?Air-e merece un capítulo aparte. La empresa que presta el servicio de energía eléctrica a más de 1,3 millones de familias, unas 5,9 millones de personas en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que está intervenida por el Estado desde septiembre de 2024, pasó de un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a uno negativo de $377.662 millones en 2025, con pérdidas acumuladas por $2,59 billones. El informe registra además $2,69 billones en deterioros contables sin soporte suficiente y dos auditorías financieras que se abstuvieron de emitir opinión por falta de evidencia. La Fiscalía investiga $250.000 millones en giros a terceros por deudas anteriores a la intervención, una denuncia por presunta falsificación contable relacionada con esos movimientos y un pago de $148.530 millones cuestionado por falta de soporte suficiente. Son cifras demasiado grandes para despacharlas como una simple controversia política.Por otra parte, el panorama también alcanza a la seguridad nacional. Al presentar los hallazgos, el presidente Abelardo de la Espriella denunció que el Ejército quedó con un déficit de $23 billones. Una cifra que, por su magnitud y por tratarse de la institución encargada de buena parte de la seguridad y defensa del país, exige conocer exactamente qué obligaciones quedaron sin financiar, cómo se llegó a ese faltante y cuál será el costo de cubrirlo.Pero quizás la contradicción más dura aparece en aquellos a quienes Petro y sus compinches convirtieron en protagonistas de su discurso. Los viejos y los jóvenes. El gobierno que durante cuatro años habló de “justicia social” dejó, de acuerdo con el libro, el presupuesto de Colombia Mayor agotado en julio de 2026. Cerca de tres millones de adultos mayores pobres y sin pensión dependen del programa y, para muchos, ese dinero constituye su único ingreso mensual. Quedaron cinco ciclos entre agosto y diciembre, cada uno por cerca de $630.000 millones, sin respaldo presupuestal. La ampliación del programa se había hecho esperando una cofinanciación de $3,2 billones que nunca se concretó. Entre sus beneficiarios, 527.602 tienen más de 80 años.Con los jóvenes la contradicción es aún más grave y desoladora. Al presentar los hallazgos, el presidente Abelardo denunció que el ICETEX sufrió un recorte presupuestal del 70 % y que más de 180.000 jóvenes quedaron sin subsidio a la tasa de interés de sus créditos. El propio documento plantea la necesidad de restablecer la capacidad del ICETEX para financiar a quienes no tienen otra opción. El gobierno que convirtió el acceso a la educación en una de sus grandes banderas terminó dejando una institución cuya capacidad para apoyar a quienes necesitan financiación para estudiar tendrá que ser recuperada. Fueron utilizados para llegar al poder y hoy son los más afectados.Ahí está el contraste más importante que atraviesa todo el documento. Mientras Colombia Mayor llegó a julio sin respaldo presupuestal para terminar el año, en salud quedaron más de $1,3 billones comprometidos en proyectos sin la documentación completa. Mientras se hablaba de proteger a los más vulnerables, la UNGRD concentraba $15,3 billones y el informe registraba problemas de ejecución y trazabilidad. Y mientras el discurso oficial insistía en transformar el Estado, las cuentas públicas terminaban con un déficit del 6,4 % del PIB y una caja muy por debajo de su rango histórico.Ese es el fondo del Libro de la Verdad. No hace falta sumar escándalos ni inflar las palabras para entender la gravedad de lo que está escrito. Basta poner las cifras juntas. Tómense el tiempo de leerlo y analizarlo para que se den cuenta de que nos dejaron con una caja deteriorada, con deudas más costosas, billones comprometidos con deficiencias de planeación, recursos cuya trazabilidad debe aclararse, una empresa intervenida con pérdidas multimillonarias y programas sociales que llegaron al final del gobierno buscando cómo cumplirles a sus beneficiarios. Señores, nos dejaron en la inmunda.El documento tendrá que pasar ahora por el escrutinio de los organismos de control y de la justicia. Algunos casos podrán terminar en sanciones y otros podrán ser controvertidos. Así debe ser. Pero hay una responsabilidad que el gobierno de Gustavo Petro ya tiene frente al país y no depende de una sentencia judicial. Explicar las cuentas que dejó es su obligación.Lo triste de todo esto es que gobernar para los más vulnerables no consiste en mencionarlos en una plaza ni convertirlos en una herramienta para llegar al poder, como lo hicieron. Aquí hay que garantizar que el viejito que no tiene pensión reciba su subsidio, que el joven que necesita financiación pueda seguir estudiando y que cada peso que sale del Estado pueda ser explicado. Después de cuatro años hablando de justicia social, esa puede terminar siendo la contradicción más demoledora de todas. El discurso de la extrema izquierda decía que primero estaban los pobres. Las cuentas que dejaron muestran que realmente no fue así.