El proyecto de Altri se ha quedado en un cajón tras una histórica movilización en contra, el de Sentury está aparcado, el de hidrógeno en Meirama fue descartado por las propias empresas promotoras y otros que continúan con la tramitación se están topando también con una férrea oposición vecinal, como el de la mina de Touro-O Pino. Los proyectos industriales que la Xunta ha declarado estratégicos han ido encallando en varios casos, a pesar de las facilidades que les da el Gobierno gallego.
La Xunta recoge en su página de transparencia información sobre los proyectos a los que da la categoría de estratégicos. Aparecen 15, aunque hace unos meses aseguraba que eran dos más. En el momento de escribir esta información, la Consellería de Economía no había respondido a las preguntas al respecto.
Esta figura, la del proyecto industrial estratégico, está ideada para recortar los plazos de tramitación y conceder facilidades a las empresas que los promueven. No implica que los planes se vayan a llevar a cabo. Deben pasar igualmente los trámites ambientales, pero parten con el enfoque de que el Gobierno gallego los ve interesantes y promete celeridad.
La propia figura del proyecto industrial estratégico está cuestionada, especialmente por entidades ecologistas, que critican que los criterios para que una empresa logre esta consideración son puramente económicos. La normativa gallega exige a los proyectos que cumplan dos de los siguientes requisitos: una inversión prevista de, al menos, 2 millones de euros, la promesa de que se van a crear un mínimo de 100 puestos de trabajo directos a tiempo completo o que “complementen cadenas de valor o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos” y vayan en la línea de los objetivos de la Unión Europea.
