0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialAgosto entra mañana en su última semana, y los problemas derivados de la masiva llegada irregular de inmigrantes a Ceuta, registrada a finales de julio, siguen pesando como una losa sobre la ciudad autónoma. Alrededor de ocho mil de los más de setenta mil que entonces entraron en nuestro país siguen vagando por Ceuta, ocupando sus lomas, playas y espacios públicos, alojados tan solo una minoría en centros de acogida.El problema derivado de aquellos hechos sigue vivo y candente, y causa un descontento cada día más intenso. Es cierto que alrededor de un 90% de quienes ingresaron irregularmente en España han vuelto ya al país del que procedían cuando burlaron nuestra frontera. Pero los que permanecen suponen un aumento del 10% respecto a la población habitual de Ceuta, que se cifra en más de 83.000 habitantes. Lo cual altera en gran medida la vida allí, de modo insostenible según sus autoridades, sin que se atisbe una solución inmediata. Es ya generalizada la sensación de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no ha actuado hasta la fecha, ni actúa ahora, con la diligencia y los recursos que exige este caso.Ha habido incremento de efectivos policiales y militares, y en muy menor medida, de funcionarios judiciales, indispensables unos para mantener el orden público y otros para agilizar las identificaciones de inmigrantes. Pero no han bastado para dinamizar de modo satisfactorio la gestión de la crisis. El Gobierno anunció un plan para enviar a la Península a unas quinientas menores inmigrantes, pero organizaciones humanitarias como Unicef y Human Rights Watch han criticado ya la tardanza gubernamental. Las ayudas extraordinarias previstas en el Consejo de Ministros del martes no deberían quedarse cortas.Impera la sensación de que la respuesta del Ejecutivo es insuficiente y la crisis está estancadaPasados 23 días tras el alud migratorio, el viernes trascendió que el Ejecutivo tenía intención de nombrar a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, como encargado de la coordinación de todos los ministros cuyos departamentos tienen responsabilidades en la gestión de la crisis. Veintitrés días son demasiados para tal anuncio. Antes visitaron la ciudad varios ministros, y el presidente Sánchez hizo un aterrizaje de unas horas al principio de la crisis para luego proseguir sus vacaciones en Canarias. Impera la sensación de que la respuesta gubernamental es insuficiente y la crisis está estancada. Creemos que los políticos en ejercicio de un cargo público tienen, como el resto de los ciudadanos, derecho a vacaciones y que negárselo puede tener algo de recurso demagógico. Pero dichos políticos tienen ante todo la obligación de garantizar que una ciudad, o cualquier otra parte del país, no sufra como sufre ahora Ceuta porque los problemas llegaron en verano. Ante una crisis de esta envergadura, se requiere que el presidente tome las riendas de una forma más evidente.A lo largo de su trayectoria política, Sánchez ha ganado fama como político ágil, capaz de reaccionar con rapidez y, a menudo, de sorprender a sus rivales. Pero, visto el moroso desarrollo de la crisis ceutí, ahora se extiende la sensación de que arrastra los pies. Lo cual resulta incomprensible. Las circunstancias legales, políticas y humanitarias, asimismo las españolas, europeas y globales, por no hablar de las relativas a la enrevesada relación hispano-marroquí, confieren a esta crisis una enorme complejidad, también a su necesaria reconducción.Los ceutíes, los inmigrantes y el Gabinete de Sánchez sufren serios daños en esta coyunturaDesde el Gobierno podrá afirmarse que no cabe vulnerar las leyes vigentes en España y en Europa, y que sus políticas tienen un sustrato ideológico que no va a traicionar. Pero eso no le exime de tomar sin dilación todas las medidas a su alcance, relativas a dotación de personal o a recursos económicos, para avanzar de modo tangible hacia la completa resolución de la crisis. Quizá no hoy ni mañana, pero sí con una celeridad y un nivel de resultados muy superior al visto hasta ahora.Ocho mil inmigrantes irregulares en las calles de Ceuta, mientras los procesos de devolución a Marruecos, por una parte, y los de concesiones de asilo y redistribución peninsular, por otra, parecen congelados, son un baldón para el Gobierno que no dejará de tener costes. Lo hemos dicho en anteriores ocasiones e insistimos hoy: urgen medidas para poner fin –o atenuar sustancialmente– esta crisis. Es algo que conviene a los ceutíes deseosos de recuperar la normalidad, a los inmigrantes que ahora malviven allí y a un Gobierno incapaz hasta ahora de reaccionar de modo satisfactorio.