“No reconozco la legitimidad de este tribunal para juzgar a militantes de ETA”. Durante años, eso era lo único que salía de la boca de los etarras que se sentaban en el banquillo de los acusados. Eso los que no se revolvían contra los jueces y amenazaban de muerte antes de acabar expulsados de la sala. Hoy, ocho años después de la disolución de la organización terrorista asfixiada por el acoso policial y judicial, sus miembros ya sí reconocen a la justicia hasta el punto de pactar con ella para rebajar sus condenas. El año pasado lo hizo un 87% de ellos. El dato figura en el ‘Balance del terrorismo en España 2025’ elaborado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y avalado por el Ministerio del Interior. Según dice, “durante el pasado año, al menos 16 miembros de ETA fueron juzgados y condenados en la Audiencia Nacional. Salvo dos acusados, en el resto de los casos hubo acuerdo de los imputados con la Fiscalía para reconocer los hechos que se les imputaban a cambio de una rebaja de las penas solicitadas inicialmente”. Una de las consignas de ETA era que sus detenidos no podían ser tratados como presos comunes en las cárceles, sino como prisioneros de guerra. Por eso no aceptaban ni la legislación ordinaria ni el reglamento penitenciario. Estaba prohibido desde pedir permisos de salida a terceros grados o incluso participar en actividades organizadas en la cárcel. La férrea disciplina que imponía a sus presos la dirección de la banda desde sus escondites en Francia empezó a resquebrajarse en los últimos años de actividad de la organización. TE PUEDE INTERESAR Los golpes policiales cada vez debilitaban más a la banda, incapaz de lograr sus objetivos por la vía de los asesinatos. Mataron en torno a 800 personas en casi medio siglo. Los presos se acumulaban en las prisiones, repartidos por toda España. Llegaron a sumar en torno a 700 reclusos y la mayoría estaban a cientos de kilómetros de sus familias. Las condenas cada vez eran más largas gracias al endurecimiento del Código Penal para los delitos de terrorismo. Todo este contexto provocó un goteo de deserciones y ETA acabó flexibilizando su postura. Conflicto interno En octubre de 2011, los terroristas decretaron el cese definitivo de la violencia, pero todavía alargaron unos años más su disolución a la espera de lograr una negociación para favorecer a sus presos. Ese diálogo nunca llegó y, sin acuerdo, ETA decretó su disolución en abril de 2018, todavía con cientos de terroristas en las prisiones. Según advierte el documento del Centro Memorial, “la práctica de llegar a acuerdos con la acusación se ha ido generalizando en los casos relativos a ETA”. A su entender, “el caso más llamativo” fue el juicio celebrado contra los dirigentes de la plataforma Kalera Kalera que se dedicaban a organizar actos de homenaje a los etarras cuando salían de prisión. TE PUEDE INTERESAR Los acusados reconocieron que su actividad generaba dolor en las víctimas a cambio de unas penas que no suponían su reingreso en prisión. “Este acuerdo suscitó contradicciones en el mundo de la izquierda abertzale, ya que un centenar de antiguos miembros de ETA respondió con un comunicado crítico contra el acuerdo alcanzado por la Fiscalía”, indica. El único caso juzgado por asesinato correspondió a la exdirigente de ETA Ainhoa Múgica, quien reconoció ante el tribunal haber dado la orden para matar al concejal de UPN en la localidad navarra de Leiza, José Javier Múgica. El fiscal en este caso, pese al reconocimiento de los hechos, no rebajó la petición de pena. Sin embargo, dadas las condenas que acumula la acusada, una nueva pena no le añade un solo día de cumplimiento efectivo, ya que tiene sentencias para el cumplimiento del máximo de 30 años. En su día eran tantos que formaban una rama imprescindible del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Eran el frente de cárcel, el Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK). Hoy apenas quedan en torno a una cuarentena de presos de ETA cumpliendo condena en régimen ordinario. Muchos han ido cumpliendo sus condenas, pero otros muchos se han visto beneficiados durante años por decisiones judiciales (el final de la doctrina Parot) o políticas (concesiones de beneficios, descuento de las penas cumplidas en Francia) que adelantaron su salida de prisión. “No reconozco la legitimidad de este tribunal para juzgar a militantes de ETA”. Durante años, eso era lo único que salía de la boca de los etarras que se sentaban en el banquillo de los acusados. Eso los que no se revolvían contra los jueces y amenazaban de muerte antes de acabar expulsados de la sala. Hoy, ocho años después de la disolución de la organización terrorista asfixiada por el acoso policial y judicial, sus miembros ya sí reconocen a la justicia hasta el punto de pactar con ella para rebajar sus condenas. El año pasado lo hizo un 87% de ellos.