PA�S VASCO30 de las 35 aplicaciones del r�gimen flexible han beneficiado a miembros del grupo desde que el Gobierno de S�nchez acord� el traspaso de las prisiones al Pa�s Vasco en 2021El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, a su salida este martes de la prisi�n de Martutene, en San Sebasti�n.EFEActualizado Viernes,
febrero
01:14Desde que el Gobierno de S�nchez pact� con el PNV el traspaso de la gesti�n de las prisiones al Ejecutivo vasco en octubre de 2021, el art�culo 100.2 del Reglamento Penitenciario se ha convertido en la v�a de semilibertad que ha permitido adelantar la salida real de presos de ETA, facilitando que abandonen a diario los centros penitenciarios y, en algunos casos, permitiendo incluso que pasen el fin de semana en su domicilio como antesala del tercer grado.Los datos oficiales del Departamento de Justicia, actualmente en manos del PSE, dibujan una tendencia clara. De cada diez veces que la administraci�n vasca ha activado este mecanismo de flexibilizaci�n, casi nueve han beneficiado a un preso de ETA. As� se recoge en la respuesta remitida en mayo de 2025 al parlamentario del PP Santiago L�pez, donde se detalla que el 85% de las resoluciones dictadas en aplicaci�n del 100.2 desde que Euskadi asumi� las competencias penitenciarias, han reca�do sobre miembros de la banda. En t�rminos absolutos, de las 35 decisiones adoptadas en ese periodo, 30 correspondieron a condenados por terrorismo y solo cinco a internos por otros delitos.Para las asociaciones de v�ctimas, esa proporci�n va mucho m�s all� de una estad�stica. �Es una pol�tica penitenciaria encaminada a vaciar las c�rceles y m�s preocupada por sacar a etarras que por brindar justicia a las v�ctimas�, sostiene la jurista de la Asociaci�n de V�ctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladr�n de Guevara.En esa l�nea, defiende que este r�gimen flexible funciona en la pr�ctica como un �tercer grado encubierto�. Recuerda que la figura est� prevista en el ordenamiento jur�dico y no se limita a presos de ETA, pero subraya que naci� como una medida excepcional, pensada para supuestos muy concretos -como tratamientos m�dicos- y que con el tiempo �se ha generalizado� hasta desembocar en la situaci�n actual.Seg�n las �ltimas cifras que maneja la AVT, en la actualidad permanecen en prisi�n 125 etarras, 121 bajo competencia del Gobierno vasco y cuatro en Navarra. El documento oficial remitido en mayo de 2025 situaba en 16 los presos de ETA que en ese momento disfrutaban del 100.2, aunque esa fotograf�a ha quedado superada por las �ltimas decisiones penitenciarias. Entre ellas, la progresi�n de hist�ricos como Garikoitz Aspiazu, Txeroki, o la concesi�n del tercer grado al ex miembro de ETA Asier Arzalluz, participante en el asesinato del colaborador de EL MUNDO Jos� Luis L�pez de Lacalle.La sucesi�n de estos movimientos, que va modificando de forma constante el mapa penitenciario, llev� ayer al Grupo Popular Vasco a registrar una nueva solicitud de informaci�n en el Parlamento para exigir una �actualizaci�n completa� de los datos. En su escrito apela a la �m�xima sensibilidad p�blica� de esta materia y reclama que el Gobierno vasco facilite cifras actualizadas a la fecha de contestaci�n, prevista para febrero o marzo, con el suficiente nivel de detalle como para poder controlar de manera eficaz la aplicaci�n del 100.2 y los terceros grados concedidos a condenados por terrorismo.Desde el Colectivo de V�ctimas del Terrorismo en el Pa�s Vasco (Covite) apuntan directamente a la �falta de transparencia� y recuerdan que la propia consejera de Justicia, Mar�a Jes�s San Jos�, prometi� el pasado noviembre reforzar la informaci�n que se facilita a las v�ctimas sobre los movimientos penitenciarios de los presos de ETA.Para las v�ctimas, esos datos �forman parte de su derecho a la informaci�n�. Sin embargo, sostienen que siguen sin conocer con detalle los beneficios concedidos ni la situaci�n actual de los condenados por terrorismo bajo competencia vasca. A su juicio, el debate ya no gira en torno a un nombre propio o un caso espec�fico, sino al rumbo de una pol�tica penitenciaria que, cinco a�os despu�s del traspaso, sigue condicionando la discusi�n sobre el cumplimiento efectivo de las penas por terrorismo en Espa�a.
