El Gobierno vasco ha concedido en los últimos días la semilibertad a dos nuevos presos de ETA. Uno de ellos es Arkaitz Aguirregabiria del Barrio, condenado a 25 años por su participación en el asesinato, el 16 de marzo de 2010, del policía galo Jean-Serge Nèrin en la localidad francesa de Dammarie-lès-Lys, cerca de París. Nèrin fue la última víctima mortal de la organización terrorista, que 19 meses después de aquel crimen anunció el cese definitivo de la violencia. El segundo preso beneficiado es Juan Luis Rubenach Roiz, alias Txurdo, cuyas penas suman cerca de 1.500 años de cárcel por diferentes atentados en Madrid. A Aguirregabiria, en concreto, se le ha progresado al tercer grado penitenciario o semilibertad, lo que le permitirá solo tener que ir a la prisión de Basauri (Bizkaia) a dormir de lunes a jueves. A Rubenach se le mantiene en segundo grado ―el ordinario, en el que está el 75% de los reclusos en España―, pero se le aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le facilita salidas diarias de la cárcel de Martutene (Gipuzkoa) de lunes a viernes para realizar actividades laborales, formativas o de voluntariado. Con estos cambios, de los 107 presos de ETA que hay en las cárceles vascas (hay otros tres en la de Pamplona y dos más en Francia), 66 están en semilibertad, de los que 46 están en tercer grado y a los 20 restantes se les aplica el artículo 100.2, según fuentes penitenciarias.En el caso de Aguirregabiria, que tiene prevista la extinción de la pena en noviembre de 2029, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos considera que ha mostrado una evolución favorable durante su estancia en prisión, durante la que ha disfrutado de permisos de salida ―cinco en el último año― sin incidencias, según documentos de su expediente penitenciario a los que ha tenido acceso este diario. También destaca que en prisión ha tenido varios destinos en los que ha tenido un “desempeño adecuado”, que cuenta con apoyo familiar y cualificación laboral, y que tiene una oferta laboral contrastada fuera de prisión. Además, destaca que ha abonado “íntegramente la responsabilidad civil” a la que fue condenado.El expediente de Aguirregabiria recoge que ha escrito varias cartas pidiendo perdón a sus víctimas, entre ellas el policía francés. “Deseo transmitirles mi pesar por el sufrimiento causado; lo siento de verdad”, se lee en la última de ellas, en la que también afirmaba: “De la misma manera que me comprometí a la renuncia del uso de la violencia, hoy me comprometo en la medida de mis posibilidades a no agravar más el sufrimiento a las personas que sufrieron la violencia en el pasado”. Los informes elaborados por los técnicos penitenciarios hacen una valoración positiva del comportamiento del etarra en prisión, que consideran que apunta a una “reinserción exitosa en la sociedad”. “En cuanto al daño ocasionado por su conducta delictiva, muestra una clara conciencia de las consecuencias de los delitos en los que participó, manifestando un nivel de empatía cognitiva y emocional hacia las víctimas”, recoge uno de los documentos, que destaca que el etarra tiene “una actitud genuina de responsabilidad moral”.Por su parte, Rubenach fue detenido en Francia ―donde se encargaba del adiestramiento de los nuevos miembros de la organización― en 2003 y, tras ser condenado en este país, fue entregado a la justicia española en 2019. En marzo de 2021 fue condenado a 1.008 años de cárcel por 97 intentos de asesinato entre 2000 y 2001, cuando formaba parte del comando Madrid. Además, Txurdo fue sentenciado en 2014 a otros 120 años más por su participación en el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en enero de 2000, crimen con el que la banda rompió una de sus treguas. En 2010, ya había sido condenado por la Audiencia Nacional a 319 años de prisión por asesinar en junio de 2001 en Madrid al general Justo Oreja en un atentado que dejó otros 17 heridos mediante la colocación de una bicicleta-bomba en la puerta del domicilio de la víctima. La decisión de conceder a ambos presos de ETA la semilibertad ha sido duramente criticada por las asociaciones de víctimas. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) tilda la medida de “fraudulenta” y de ser “un nuevo episodio de la amnistía encubierta” que, en su opinión, el Ejecutivo de Imanol Pradales está aplicando a los reclusos de la banda terrorista. En la misma línea, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha calificado la medida de “infamia” en su perfil de la red social X.