El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco ha concedido el tercer grado o semilibertad a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. La decisión, que puede ser recurrida ante la justicia por la Fiscalía, permitirá a ambos salir a diario de prisión, a la que solo tendrán que volver a dormir de lunes a jueves. A Olarra Guiridi, que fue uno de los responsables del aparato militar de ETA hasta su detención en Francia en 2002, se le aplicaba desde el pasado julio un régimen de salidas similar al aplicársele el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario. Este exjefe de la organización terrorista tuvo un papel clave en los dos años de debate interno en el colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) que desembocaron, en 2021, en el final de los homenajes públicos que reciben cuando son excarcelados, los conocidos como ongi etorri. Por su parte, Zabalo se encuentra a ocho meses de extinguir la condena de 25 años que se le impuso. Ambos han escrito cartas de perdón a sus víctimas, según consta en sus expedientes. La decisión de conceder a ambos presos de ETA el régimen abierto ha sido duramente criticada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) que tilda de “fraudulentos”, por lo que ha pedido la “dimisión” de la consejera, la socialista María Jesús San José, al considerar que “ha quedado completamente desautorizada por la Audiencia Nacional”, órgano que ha corregido recientemente algunos de sus acuerdos sobre presos de ETA. Para su presidenta, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, estas dos nuevas concesiones constituyen “un nuevo episodio de la amnistía encubierta que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA”.En el caso de Olarra Guridi, el Gobierno vasco ha valorado que muestra una “favorable evolución” en los programas penitenciarios de reinserción que ha seguido, además de haber hecho “buen uso de permisos”, de los que ha disfrutado cuatro en los últimos 12 meses. Condenado a cientos de años por numerosos atentados, que causaron una decena de muertes, la legislación fija un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo, que cumplirá el 8 de julio de 2036, según la información facilitada a las asociaciones de víctimas por el Ejecutivo de Imanol Pradales. Mientras disfruta de la semilibertad, tiene prohibido residir o acercarse a Madrid, Sevilla, Burgos ―ciudades donde perpetró sus crímenes―, así como comunicarse o aproximarse a sus víctimas. En el expediente se destaca que ha escrito cartas de perdón a sus víctimas. “El pasado es algo que no se puede cambiar, pero creo que aquellos/as que tuvimos una responsabilidad directa en los hechos que generaron sufrimiento podemos tener un papel importante en la reparación, o cuanto menos, en la medida de lo posible, en mitigar el sufrimiento padecido por estas personas. Esa es mi voluntad y compromiso”, recogía una de esas misivas. En los informes técnicos elaborados por los profesionales penitenciarios se ahonda en el mismo sentido: “Expresa lo importante de tener un papel en la reparación del daño y mitigar el sufrimiento padecido”.Olarra tuvo un papel muy relevante tanto en ETA como en el colectivo de presos etarras. Cuando ya estaba preso en España, mantuvo diversos encuentros en prisión con representantes del Foro Social —un movimiento creado en Euskadi en 2017 durante el desarme de la organización terrorista para facilitar el proceso de paz— que desembocaron en el comunicado que puso fin a los ongi etorri. En aquellos encuentros, el exjefe etarra y su compañera, Ainhoa Mújika Goñi, transmitieron a su interlocutor la “total disposición” del colectivo a asumir su responsabilidad en los atentados cometidos y a reconocer el daño causado a las víctimas si eso favorecía a su situación penitenciaria. Era comienzos de 2018 y aún gobernaba Mariano Rajoy. Aquellos encuentros desembocaron en noviembre de 2021 en el comunicado del EPPK en el que, además de admitir el dolor que causaban los homenajes a las víctimas, pedía que, en lo sucesivo, se hicieran únicamente en espacios privados y “entre allegados”. El comunicado detallaba que hacía público aquel pronunciamiento tras consultar a los algo más de 200 etarras que entonces permanecían encarcelados en España y Francia. Al texto se opusieron menos de una decena, el 5%, todos alineados con el sector disidente que ya rechazó en su día el abandono de la violencia por parte de ETA.En el caso de Zabalo, el expediente del Gobierno vasco destaca que, como Olarra, ha tenido una “participación positiva” en las salidas programadas en las que ha participado, además de contar con apoyo familiar, una oferta laboral “contrastada” y “motivación favorable al desarrollo personal”. También considera una “circunstancia relevante en su evolución personal” que está haciendo frente al pago de la responsabilidad civil a la que fue condenado. En la carta manuscrita en la que pedía perdón, Zabalo asumía las “consecuencias” de su actividad terrorista. “El camino a recorrer es largo y quiero estar presente. Sé que lo que escribo son solo palabras, pero son sinceras, al igual que mi compromiso, que espero ratificar con hechos”, afirmaba. Los informes de los profesionales penitenciarios inciden en la misma línea: “Identifica el encarcelamiento como un punto de inflexión vital que favoreció el cuestionamiento de su conducta ilegal delictiva”.A finales abril había 113 presos de la organización terrorista en prisión. De ellos, 108 estaban en cárceles del País Vasco, tres en la de Pamplona y los dos últimos en Francia.