0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialUn piso de su pareja, un ático alquilado al asesor fiscal de este, otro inmueble que buscó comprar con ayuda de un cargo de Presidencia, un chalé de la Comunidad utilizado para fines privados y, finalmente, un ático de lujo de 6,3 millones que se justificó como oficina, después se barajó como posible residencia oficial —aunque carece de licencia para ambos usos— y ahora se vende.Isabel Díaz Ayuso ha ido encadenando viviendas en los últimos años sin conseguir dejar atrás la polémica. Su último movimiento ha sido abandonar el ático de Chamberí que compartía con Alberto González Amador para instalarse de alquiler en Puerta de Hierro, justo cuando la compra del segundo ático ha llegado a los tribunales.La sucesión de operaciones salpica a la estructura del gobierno regional y al uso de los recursos públicosLa historia empezó con un solo piso. En julio de 2022, después de admitir un fraude fiscal en sus declaraciones de 2020 y 2021, Alberto González Amador compró por 850.000 euros una vivienda de 183 metros cuadrados en Chamberí. Ayuso se instaló allí en otoño de 2023. Pero el edificio escondía ya otro inmueble. El ático superior, comprado por Babia Capital, una sociedad administrada por su asesor fiscal de él.La existencia de esa segunda vivienda trascendió en marzo de 2024, junto a la investigación por fraude fiscal. Más de un año después, González Amador explicó ante la jueza que pagaba 5.000 euros al mes por el ático, que finalmente acabó comprando.Esa vivienda acumuló además una polémica urbanística. La pareja de la presidenta madrileña realizó importantes obras sin permiso municipal y el Ayuntamiento abrió un expediente.A finales de 2025, la polémica dio otro salto cuando Ayuso visitó otro piso en Chamberí para un asunto privado, pero con ayuda de Álvaro Sanz, jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia, quien concertó las visitas. La compra, no obstante, no se cerró.Pero ya había un antecedente sobre el uso privado de patrimonio autonómico. En julio de 2025, Ayuso y parte de su familia pasaron un fin de semana en un chalé de la Comunidad en Rascafría, adquirido con dinero publico por 4,3 millones de euros para ampliar el Parque Nacional de Guadarrama. La estancia no había sido comunicada y adquirió especial resonancia porque la presidenta había criticado previamente a Pedro Sánchez por el uso de residencias públicas.El siguiente inmueble ya era directamente público. En abril de 2026, una empresa autonómica compró por 6,3 millones un ático de 485 metros cuadrados también en Chamberí. La Comunidad justificó la adquisición como oficina temporal para Ayuso durante las obras de la sede de Presidencia. Pero ni el inmueble tenía licencia para ello ni la tramitación de esas obras se firmó antes de esa fecha. La hipótesis de una residencia oficial que su entorno deslizó como justificación se desvaneció rápidamente.La polémica obligó al Gobierno madrileño a poner el ático a la venta por 6,69 millones para destinar recursos a los daños provocados por los incendios. Pero esa operación que la ley imposibilita al no poder adscribir directamente el importe de una enajenación a un gasto operativo concreto, ha acabado en los tribunales tras media docena de denuncias por posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.En paralelo, González Amador ha puesto a la venta las dos viviendas de Chamberí y Ayuso ha abandonado finalmente el edificio para instalarse de alquiler en Puerta de Hierro. Una mudanza que ha alimentado los rumores sobre una separación, y que llega a unos diez meses de las elecciones autonómicas. Justo cuando Amador iniciará su propio recorrido judicial con un posible condena.La sucesión de viviendas ya no puede explicarse solo como una cuestión privada. Ayuso y su entorno han convertido durante años las casas de sus rivales en munición política y ahora reclaman que la vivienda de la presidenta pertenece a su esfera personal. Pero la frontera se ha vuelto difícil de dibujar ya que lo que empezó con un piso privado ha acabado implicando a cargos de Presidencia, patrimonio autonómico y una compra pública judicializada. Ayuso ha cambiado de casas pero la polémica le acompaña vaya donde vaya.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro