El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado de forma definitiva la capacidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para imponer sanciones administrativas por 200 millones de dólares (170 millones de euros), resolviendo un largo litigio promovido por las cuatro principales operadoras de telefonía del país por traficar con los datos de localización de sus abonados sin su consentimiento. El alto tribunal cerró este frente legal tras rechazar una solicitud extraordinaria de Verizon Communications para modificar el fallo emitido el pasado 4 de junio, mediante el cual los magistrados avalaron por una holgada mayoría de ocho votos a uno la constitucionalidad del procedimiento regulatorio de la agencia.La resolución de junio fijó un precedente clave al determinar que los procedimientos internos de la FCC para imponer penalizaciones financieras no vulneran el derecho constitucional a un juicio con jurado, garantizado por la Séptima Enmienda de la Constitución de EE UU. Con esta decisión, el alto tribunal desestimó los argumentos de las compañías telefónicas y respaldó la posición de la administración del presidente Donald Trump, cuyos letrados del Departamento de Justicia defendieron la plena legalidad de las órdenes del organismo regulador.La controversia procesal se centró en la naturaleza de los requerimientos de la FCC. En la sentencia principal de junio, el Tribunal Supremo precisó que los avisos iniciales de sanción emitidos por el organismo son comunicaciones preliminares y no constituyen cobros de ejecución inmediata o vinculante. Los magistrados razonaron que el sistema administrativo no priva a las corporaciones de sus garantías constitucionales, ya que las empresas multadas conservan el derecho procesal de rechazar el pago voluntario y forzar al Gobierno federal a interponer una demanda formal ante un tribunal de distrito, donde sí pueden presentar sus argumentos ante un jurado.Tras la promulgación del fallo de junio, Verizon presentó una petición formal para ajustar la redacción del dictamen, argumentando que desembolsó 46,9 millones de dólares (aproximadamente 40,5 millones de euros) bajo la presión de un requerimiento administrativo que exigía el pago en un plazo de 30 días, impulsada por una caracterización engañosa de la FCC sobre la firmeza del cobroEn contraste, la situación de AT&T presenta matices procesales distintos. Aunque la compañía también abonó una sanción de 57,3 millones de dólares (unos 49,5 millones de euros) tras recibir la notificación de la agencia, el origen de su causa proviene del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, instancia que en su momento había fallado a favor de la empresa al considerar que la FCC privaba indebidamente del juicio con jurado. Esta divergencia previa en el estado procesal del expediente permite a AT&T mantener abierta una vía legal independiente para solicitar la devolución del dinero.Millones de afectadosEl origen de este choque institucional se remonta a 2018, cuando una serie de investigaciones periodísticas y oficiales revelaron que intermediarios de datos y agregadores comerciales vendieron a terceros no autorizados la información de ubicación geográfica en tiempo real de millones de usuarios de telefonía móvil. Entre los receptores de esta información figuraban servicios de rastreo, empresas de ciberseguridad y encargados de localización de personas, quienes accedían a las coordenadas precisas de los dispositivos sin que los titulares hubieran otorgado su consentimiento explícito.Tras completar una investigación exhaustiva sobre la custodia de la privacidad en el sector de las telecomunicaciones, la FCC hizo definitivas en abril de 2024 un paquete de sanciones que ascendió en conjunto a 196,3 millones de dólares (unos 169,6 millones de euros). El regulador dictaminó que T-Mobile, AT&T, Verizon y Sprint vendieron ilegalmente el acceso a los datos de geolocalización y fallaron en la aplicación de medidas razonables para proteger la información confidencial de sus abonados. La cuantía total se distribuyó en 80,1 millones de dólares (69,2 millones de euros) para T-Mobile; 57,3 millones de dólares para AT&T; 46,9 millones de dólares para Verizon; y 12,2 millones de dólares (10,5 millones de euros) para Sprint, firma absorbida por T-Mobile en 2020.Mientras Verizon y AT&T estructuraron sus impugnaciones en torno al debate constitucional sobre las competencias de la FCC y el derecho a un jurado, T-Mobile y Sprint optaron por combatir el fondo normativo de las resoluciones. Ambas compañías recurrieron sus penalizaciones combinadas de 92,3 millones de dólares (79,7 millones de euros) ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, argumentando que la agencia reguladora interpretó de manera errónea la legislación federal de protección de datos y que la clausura de sus programas de venta de datos en 2019 debía eximirlas de responsabilidad retroactiva.Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó íntegramente las alegaciones de T-Mobile y Sprint el 15 de agosto de 2025. La sentencia concluyó que ambas multinacionales incumplieron sus deberes legales de custodia al mantener sistemas automatizados que permitían a terceros consultar datos de ubicación en tiempo real sin validar la existencia previa de un consentimiento válido. El fallo judicial ratificó que el cese voluntario de las prácticas irregulares no anula la gravedad de las infracciones cometidas durante los años en que los programas permanecieron operativos.Posteriormente, el mismo tribunal de apelación denegó una solicitud de revisión en pleno (en banc) el 23 de enero de 2026, lo que llevó a T-Mobile y Sprint a solicitar de forma conjunta la admisión de un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Las operadoras plantean en su petición argumentos constitucionales paralelos a los dirimidos en los casos de Verizon y AT&T, si bien las decisiones previas del alto tribunal han reforzado sustancialmente la doctrina legal en favor de la FCC y debilitado la posición de las demandantes.