Guatemala no tiene un marco regulatorio aprobado alrededor de la ciberseguridad y la protección de datos. Han pasado 17 años y, hasta la fecha, el Congreso de la República ha recibido ocho iniciativas relacionadas, sin que ninguna se haya convertido en ley. Mientras tanto, el país ha avanzado en otros sectores, con la digitalización de servicios que van desde los financieros hasta los de energía.
A estos desafíos se suman la adhesión de Guatemala al Convenio de Budapest, instrumento internacional de cooperación contra el cibercrimen, que está condicionada por la aprobación de la iniciativa, y la prórroga otorgada por el Consejo de Europa, que vence en marzo del 2027. Esto deja al país con un período limitado para avanzar en el proceso legislativo.
Este fue uno de los temas discutidos durante el foro "Ciberseguridad: experiencia internacional y el camino para Guatemala", organizado por Fundesa, con el objetivo de generar un espacio para analizar los desafíos que enfrenta el país en esta materia y conocer cómo la experiencia internacional puede ayudar a construir una regulación más sólida.
En este contexto, durante el encuentro se desarrolló el panel "Gobernanza de la Ciberseguridad: una condición para la inversión, la innovación y la competitividad", en el cual se abordaron los elementos que Guatemala necesita para construir un sistema nacional de ciberseguridad, desde la institucionalidad y los mecanismos de coordinación público-privada hasta los protocolos de prevención, gestión de riesgos y respuesta a ciberataques.
