Durante los últimos meses, diversas instituciones públicas y privadas del país fueron víctimas de hackeos, filtraciones de información y fallas en sus sistemas digitales. Uno de los primeros casos se reportó en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), donde fue sustraída información sensible de más de 18 mil usuarios.
Semanas después, el portal Tu Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), también registró una filtración de información. Asimismo, se reportaron incidentes en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Mientras tanto, Guatemala aún carece de una legislación específica para tipificar y perseguir delitos informáticos. En el Congreso permanece en discusión la iniciativa 6347, conocida como Ley de Ciberseguridad, presentada en el 2024 y pendiente de dictamen favorable de la comisión a donde fue remitida.
El proyecto de ley fue abordado durante el foro “¿Cómo debería regularse la seguridad cibernética en Guatemala?”, convocado por Guatevisión para Guatemala No Se Detiene, en el que participaron Jorge Mario Villagrán, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso; Victoria Palala, integrante de esa comisión; Karen Ortiz Solares, viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobernación; y Erick Sosa, segundo vicepresidente de la Junta Directiva de AmCham Guatemala.
