Los recientes ataques cibernéticos contra instituciones públicas en Guatemala volvieron a evidenciar la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica del país. En los últimos meses, la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) fue blanco de un incidente en el que se sustrajo información de propietarios de armas de fuego. Posteriormente, también se reportó la vulneración del portal Tu Empleo, del Ministerio de Trabajo (Mintrab), además de otros incidentes dirigidos contra entidades estatales.
Aunque este tipo de incidentes suele medirse por la cantidad de sistemas afectados o por el volumen de información comprometida, especialistas en ciberseguridad consideran que el verdadero impacto debe analizarse desde otra perspectiva: cuánto dinero podría perder una organización, o incluso un país, cuando un ataque logra interrumpir sus operaciones.
La empresa Sistemas Aplicativos (SISAP) presentó el 3 de julio el estudio "Exposición de riesgo cibernético en Centroamérica y República Dominicana", una investigación que estima el costo económico que tendría un ciberataque sobre los principales sectores productivos de ocho países de la región.
El análisis estima que cinco actividades económicas concentran el 82% de la actividad productiva regional y, por lo tanto, representan el mayor riesgo en caso de sufrir un incidente informático:
