El conglomerado Meta, que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp, una de las empresas más valiosas del mundo, se sienta desde el martes en el banquillo de un tribunal federal de Oakland (California). El resultado de este juicio puede marcar un antes y un después para todas las grandes tecnológicas y cambiar la forma en que usamos las redes, o las redes mismas. El objetivo de la vista se resume con una frase del alegato inicial de la fiscal Megan O’Neill, para quien, cuando Meta debió elegir entre “lo que era seguro para los niños o lo que era seguro para sus beneficios, una y otra vez ganaron los beneficios”.Una coalición de 29 Estados, tanto demócratas como republicanos, acusa a Meta de haber diseñado Facebook e Instagram con funciones y herramientas como el scroll infinito, las recomendaciones algorítmicas o los vídeos automáticos con la deliberada intención de enganchar a sus usuarios, especialmente niños y adolescentes, retenerlos lo más posible, recopilar sus datos y luego ocultar la verdad sobre este funcionamiento. En su estrategia de crecimiento, la empresa desdeñó los riesgos de esas conductas adictivas para la salud mental de los menores. La compañía era consciente del peligro y lo pasó por alto, según documentación interna en manos de la acusación. Meta niega los cargos y sostiene que el caso carece de fundamento.El efecto de las redes en la salud mental de niños y jóvenes en una etapa especialmente sensible de su desarrollo es uno de los principales debates abiertos en una sociedad ya incomprensible sin las plataformas tecnológicas. En familias e instituciones de todo el mundo se acumulan las pruebas de que el uso compulsivo de las redes es uno de los principales factores que afecta al bienestar físico y emocional de adolescentes y jóvenes, con daños que en casos graves pueden llevar al suicidio.La batalla contra las grandes tecnológicas suma sentencias que las responsabilizan por los efectos negativos del diseño de sus aplicaciones, que conocían, pero decidieron mantener para maximizar su principal fuente de ingresos: la publicidad que se factura en virtud de las horas de consumo ante la pantalla.Hace dos semanas, un tribunal de Nuevo México ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para adolescentes y modificar sus redes para los jóvenes, después de que un jurado la condenase en marzo por vulnerar la protección al consumidor y no prevenir la explotación sexual infantil. Ese mes, otro jurado de Los Ángeles concluyó que Meta y Google, dueña de YouTube, son negligentes en la protección de los menores. El proceso federal que ha comenzado en Oakland es diferente porque los demandantes son casi una treintena de Estados, lo que le otorga una dimensión regulatoria y política mucho mayor que la de los litigios particulares.Meta calcula que afronta una reclamación de casi 1,4 billones de dólares, según ha asegurado para criticar la demanda por desproporcionada. Esa cifra supone casi su valor bursátil, lo que la abocaría a la bancarrota. Los fiscales calculan que la indemnización podría rondar los 200.000 millones, equivalente a tres años de beneficios netos de la compañía. Los Estados reclaman además un rediseño drástico de Instagram y Facebook.El caso presentado por los fiscales, sea cual sea el veredicto, debería informar las imprescindibles decisiones políticas que lleven a reforzar la regulación de las principales tecnológicas. Es hora de poner la salud mental de los usuarios por delante de los beneficios de las empresas.