“Para que un jubilado recibiera el tratamiento oncológico que le dictó su médico hicieron falta dos defensorías del pueblo, un defensor público federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”, expresó en la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados de la Nación el Defensor del Pueblo de Villa La Angostura, Sebastián Baltanaz. Por videollamada, Baltanaz contó un caso específico de un jubilado que llegó a las oficinas porque había sido diagnosticado con cáncer de pulmón y el PAMI se había negado a ofrecerle ese tratamiento. “Por cada caso que llega a la Defensoría hay decenas que no van a llegar, y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera”, resaltó.
El suyo es un ejemplo de los muchos reclamos que se exhibieron en esa reunión y que el PAMI tiene pendientes. Uno de ellos es el presentado, entre otras organizaciones, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH): en el marco de ese amparo, en mayo de 2025 la Justicia ordenó la restitución del programa Vivir Mejor (que garantizaba la cobertura automática del 100% de los medicamentos) para todos los jubilados de Córdoba, una decisión que en octubre de ese mismo año se hizo extensiva a todo el país. Pero esa restitución nunca ocurrió, afirmaron en comunicación con PERFIL los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, que llevan adelante la causa.
