Laura Beatriz Gandarella, jubilada cordobesa de 62 años, atraviesa una nueva recaída de su linfoma no Hodgkin mientras PAMI incumple, por segunda vez en dos años, una orden judicial que la obliga a entregarle la medicación oncológica. El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida cautelar que le dio a la obra social 48 horas para proveer el fármaco Acalabrutinib. El plazo venció hace un mes y, según relató su hija, todavía no llegó.
La resolución judicial, en la causa "G., L. B. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/Prestaciones Farmacológicas" (expediente 2123/2026), ordenó a PAMI cubrir el 100% del medicamento Acalabrutinib 100 mg -en cápsulas por 60 unidades, con una dosis de 200 mg diarios- según lo prescripto por la médica tratante, la hematóloga Graciana Gallay.
El fallo se sostuvo en el derecho a la salud reconocido en tratados internacionales con rango constitucional y en la "verosimilitud del derecho" acreditada por la afiliación de Gandarella a PAMI y por la documentación médica presentada en la causa. La medida tiene una vigencia de seis meses o hasta que exista sentencia firme.
De acuerdo con el testimonio de la hija de la paciente, PAMI apeló la cautelar, pero ese recurso tiene efecto devolutivo: no suspende la obligación de entregar el medicamento. Pese a eso, la familia asegura haber concurrido en reiteradas oportunidades a las oficinas de la obra social sin obtener respuesta. "El juez le dio 48 horas para que nos entregaran la medicación y todavía no lo han hecho", relató.
