NoticiaEl llamado de atención lo hizo en una tutela que amparó a niños de una escuela rural que estuvieron cuatro meses sin clases.La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte ConstitucionalPERIODISTA JUDICIAL14.08.2026 12:22 Actualizado: 14.08.2026 12:26
La Corte Constitucional hizo un llamado de atención a una Secretaría de Educación departamental por permitir que decenas de estudiantes permanecieran durante meses sin clases, y advirtió que los trámites administrativos no pueden convertirse en una excusa para interrumpir el derecho fundamental a la educación.En la sentencia T-053 de 2026, la Sala Octava de Revisión estudió una tutela presentada por la Junta de Acción Comunal de una vereda contra una Secretaría de Educación —cuyo nombre fue anonimizado porque los accionantes representan a menores de edad y por razones de seguridad—. La comunidad denunció que el centro educativo permanecía con una sola docente y que sus constantes ausencias dejaron a los estudiantes cerca de cuatro meses sin continuidad académica. Algunos menores, incluso, abandonaron las aulas para empezar a trabajar en fincas. La entidad explicó que la profesora titular había sido amenazada en 2022 y trasladada por razones de seguridad, pero sostuvo que no podía proveer el cargo de manera definitiva mientras culminaban trámites con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Durante ese tiempo, únicamente envió reemplazos temporales por pocos días.Aunque durante el trámite de la tutela la Secretaría nombró de manera permanente a una nueva docente, por lo que la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, el alto tribunal decidió pronunciarse de fondo para reiterar que la garantía del derecho a la educación no puede depender de la burocracia administrativa.La Corte recordó que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y que el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación continua y permanente del servicio educativo. En ese sentido, advirtió que la falta de nombramiento oportuno de docentes compromete el acceso y la calidad de la educación, mientras que la estabilidad de los profesores favorece la permanencia de los estudiantes en el sistema.Por ello, ordenó a la Secretaría de Educación demandada, con efecto vinculante a las demás Secretarías, adoptar medidas inmediatas para evitar que vuelvan a presentarse interrupciones del servicio, especialmente en escuelas rurales en zonas azotadas por el conflicto armado.También le ordenó realizar un diagnóstico sobre las afectaciones ocasionadas a los estudiantes durante los meses sin clases y diseñar un plan para nivelar las brechas educativas generadas por esa intermitencia.Además, la Corte compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación del departamento para que investiguen la actuación de la Secretaría de Educación y de los funcionarios responsables, al tratarse de la segunda ocasión en que esa entidad recibe un llamado de atención por los mismos hechos. Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
