14 de agosto, 2026 - 06h00Una publicación de ayer de Fundación Mil Hojas muestra la dimensión de la minería ilegal en Ecuador. El medio analizó 221 informes levantados por el Ejército en sus operaciones de 2025. Lo que aparece detrás de esas cifras se parece poco a la imagen tradicional del minero artesanal que busca unos gramos de oro para subsistir.Según esa investigación, fueron decomisadas 223 excavadoras y retroexcavadoras, además de dragas, motores y 272 generadores eléctricos; se destruyeron 27 procesadoras de material aurífero y una planta industrial. La investigación identifica además 29 ríos principales afectados.Mil Hojas describe una estructura que abarca extracción, procesamiento, transporte, logística, seguridad armada y ocupación territorial. Mover maquinaria pesada, abastecerla de combustible, utilizar explosivos, instalar campamentos y procesar toneladas de material exige organización, capital y logística. Pero no todos quienes participan ocupan la misma posición. Entre quien extrae o carga mineral para obtener un ingreso y quien financia la maquinaria, provee explosivos, controla el territorio o comercializa el oro hay una diferencia que el Estado debería reconocer.Al pequeño minero dispuesto a identificarse, cumplir las normas ambientales y vender por canales autorizados habría que facilitarle la formalización. A las estructuras criminales, perseguirlas. Confundirlos puede criminalizar al primero o permitir que las segundas se disfracen de minería artesanal.Pero la investigación provoca otra pregunta: ¿qué ocurre con el oro? Sabemos de excavadoras, combustibles, explosivos, campamentos, transporte y plantas de procesamiento. Pero, una vez procesado el mineral, ¿a dónde va?La pregunta no es nueva. En 2018, la Fiscalía investigó la extracción ilegal en La Merced de Buenos Aires, Imbabura, y determinó que parte del material era transportado hacia plantas de procesamiento de Azuay y El Oro. Un trabajo publicado posteriormente bajo el título El oro volador advirtió sobre la pérdida de identificación de su origen al llegar a esas plantas.Han pasado ocho años.Es que una estructura capaz de movilizar semejante cantidad de maquinaria, personas y recursos necesita finalmente convertir el oro en dinero.Alguien lo compra. Alguien lo comercializa. Y alguien recibe finalmente su valor.No pretendo conocer esa ruta. Pero sí creo que el Estado debería seguirla.Los operativos militares son indispensables. La muerte de once militares en Alto Punino en 2025 demostró trágicamente la capacidad de estas organizaciones. Pero destruir excavadoras y campamentos no basta.Una excavadora puede reemplazarse. Un campamento puede reconstruirse. El negocio, en cambio, necesita que el oro llegue a un comprador.La inteligencia financiera, la trazabilidad del mineral y el control de plantas y comercializadores deberían acompañar a la acción militar.Mil Hojas muestra la estructura que existe alrededor de la extracción. Corresponde al Estado saber qué ocurre después.Porque mientras destruyamos las herramientas de la minería ilegal, pero no afectemos el negocio que las financia, otras podrán reemplazarlas.Por eso, además de entrar en las minas, sigamos la ruta del oro. (O)