La minería ilegal ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una crisis cada vez más difícil de revertir. En 2025 las exportaciones de oro ilegal superaron los US$11.500 millones, una cifra 6,5 veces mayor que la de hace una década y 55% superior a la de 2024, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). Únete a nuestro canal de política y economía El avance se refleja con igual intensidad en el sistema penal y financiero. Las denuncias registradas en el Ministerio Público se duplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 1.266 a 2.601 en todo el país. El incremento fue especialmente pronunciado en las regiones con mayor presencia de esta actividad: La Libertad pasó de 146 a 419 denuncias, Cajamarca de 33 a 260 y Madre de Dios de 245 a 427. TE RECOMENDAMOSROBERTO SÁNCHEZ EN SEGUNDA VUELTA Y ANAHÍ DURAND EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJOIncremento de los delitos denunciados correspondientes a minería ilegal 2021 vs 2025. Mientras que el dinero que mueve esta actividad económica ilícita es cuantiosa en el sistema financiero. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal, entendidos como alertas emitidas por bancos y cajas ante movimientos inusuales de dinero detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), alcanzaron los US$6.036 millones en 2025, más de cuatro veces el valor registrado en 2024 (US$1.407 millones), consolidándose como el principal medio de lavado de activos. En un periodo más amplio, entre 2016 y 2025, este monto se multiplicó por ocho, frente a un incremento de apenas tres veces en los ROS asociados a otros delitos. En diálogo con La República, María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que este incremento refleja cómo la minería ilegal gana cada vez mayor peso dentro de la economía peruana. “Lo que nos muestran estos datos es que la minería ilegal ya no es un problema marginal. Hoy mueve casi tanto oro como la minería formal”, sostuvo. Operaciones sospechosas por minería ilegal se multiplicaron por ocho en una década. Minería ilegal: ¿cuáles son los factores que no permiten al Estado enfrentarla? Según precisa el informe del IPE, dos factores explican buena parte de esta expansión. El primero es el precio del oro, que superó los US$4.500 por onza en 2025 y en que lo va del año se sitúa cerca de los US$4.700, lo que hizo la actividad ilegal altamente rentable. El segundo es la debilidad del Estado para controlar territorios donde distintas economías ilegales conviven y se refuerzan mutuamente. En zonas como Pataz (La Libertad) o Tambopata (Madre de Dios), la minería ilegal y el narcotráfico no solo coexisten, sino que se superponen. En ese contexto, Ormeño advirtió que el Estado ha tenido una limitada capacidad para enfrentar la minería ilegal. “No hemos visto una política articulada porque finalmente este no es un problema fácil de resolver ni se enfrenta con una sola medida”, sostuvo. Para ello, a juicio de la experta, se requiere una combinación de formalización con plazos claros, mayor fiscalización, trazabilidad del oro y presencia efectiva del Estado en las zonas afectadas. “También se necesita coordinación con países fronterizos, porque el oro ilegal pasa de contrabando”, acotó. Las consecuencias van más allá del daño ambiental y fiscal. El avance de la minería ilegal ha comprometido inversiones formales en cartera por más de US$12.000 millones, incluidos proyectos mineros de oro y cobre como Conga y Michiquillay en Cajamarca, y Los Chancas y Haquira en Apurímac. “La minería ilegal no solamente destruye bosques y contamina, sino también le quita recursos al Estado, ahuyenta la inversión formal y genera violencia, extorsiones y captura territorial”, advirtió. La señal para los inversionistas es clara y negativa: el Perú ha perdido competitividad. Según el Instituto Fraser, el país pasó de superar al 83% de las zonas evaluadas en 2018 a una reducción del 40% en 2025, pese a contar con precios de metales históricamente altos. Minería ilegal: qué proponen Fuerza Popular y Juntos por el Perú Pese a este escenario adverso y estando la minería ilegal en agenda, ninguno de los planes de gobierno y de las declaraciones de los posibles presidentes (Keiko Fujimori o Roberto Sánchez) enfrenta la raíz del problema, sostiene la ejecutiva del Instituto Peruano de Economía (IPE), organización que analizó las propuestas presidenciales en siete ejes prioritarios: formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y presencia del Estado y ninguno de los partidos aborda estas temáticas. En detalle, ninguno de los dos partidos propone eliminar el registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) calificado como “el nudo del problema”, ni haber establecido plazos improrrogables, a pesar de que, en más de una década, solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse. Asimismo, las dos bancadas votaron a favor de su quinta prórroga consecutiva, la cual vence en diciembre de 2026. “El primer paso debería ser el cierre del Reinfo y establecer plazos claros, pero se debería tener en cuenta a los mineros artesanales, a los de pequeña escala que sí quieren formalizarse. A esas personas se les tiene que dar las vías. Los planes de gobierno muy poco hablan de eso”, explicó. El partido de Roberto Sánchez por su parte, propone basar la formalización en cooperativas y 'parques mineros' bajo el control del Estado, replicando un modelo de Bolivia, país donde las cooperativas habrían producido el 99% del oro registrado en 2017, pero solo explicaron el 0,6% del valor exportado, lo que, según la Fundación Milenio, evidenciaría su uso como mecanismo de blanqueo. Otro punto de coincidencia entre los dos partidos es la reducción de plazos en concesiones mineras: JPP propone recortar el plazo de caducidad de 30 a cinco años; FP exige plazos obligatorios de exploración. A esto se añade la propuesta de JPP de aumentar regalías y revisar contratos de estabilidad. El próximo gobierno enfrentará una minería ilegal consolidada, territorialmente expandida y altamente rentable mientras los precios del oro se mantengan al alza. El infrorme del IPE evidencia propuestas dispersas, una preocupante apuesta por mayor intervención estatal en áreas donde este tiene capacidades limitadas, y vacíos de propuestas en los ejes prioritarios, especialmente en torno al Reinfo.