La Fiscalía General del Estado ya advirtió de dificultades para repatriar a los menores no acompañados que llegan a España procedentes de Marruecos por la escasa colaboración de las autoridades de Rabat. El ministerio público incluyó esta advertencia en su última memoria anual, en la que recopila sus actuaciones y destaca las incidencias más relevantes. En ese mismo documento que se eleva al rey Felipe VI, también alertó de otras prácticas que se llevan a cabo para forzar que España asuma la tutela de estos jóvenes. El aviso aparece encuadrado en el apartado específico dedicado a los menores no acompañados y en concreto fue la Fiscalía de Cuenca la que dio la voz de alarma: “Pone de relieve la imposibilidad de llevar a cabo ningún expediente de repatriación relativo a menores marroquíes por falta de contestación de las autoridades de su país”. Esta problemática ha tomado ahora especial relevancia desde que a finales de julio se produjo la entrada masiva de personas a Ceuta. La estimación es que llegaron cerca de 80.000 personas sin control, de las cuales ya hay identificados al menos 1.898 menores a fecha de este jueves. Son los datos oficiales, pero otras fuentes locales estiman que podrían ser más. TE PUEDE INTERESAR El Gobierno de España ha lanzado mensajes en los que asegura que todas las personas que entraron de manera ilegal serán devueltas a Marruecos, pero no ha precisado ni cuándo ni cómo. El caso de los menores es más complejo al ser considerados vulnerables. La ley exige unos protocolos específicos que, en el mejor de los casos, ralentiza el proceso. Ceuta no tiene capacidad para acoger a todos y el escenario más posible es que sean repartidos por la península. Marruecos reclama ahora a sus menores Existe el precedente del año 2021, cuando entraron a Ceuta otras 13.000 personas de golpe y cerca de un millar eran menores. El Gobierno devolvió a decenas de ellos en virtud de acuerdos bilaterales con Marruecos, pero la Justicia condenó al Ejecutivo por no haber cumplido la ley. Ahora Marruecos se ha mostrado a favor de que los menores que entraron en la última oleada regresen a su país, pero ha pedido relajar esas exigencias legales. La misma memoria anual de la Fiscalía –presentada en 2025 con datos del curso anterior– también incluye otra alerta sobre la situación de los menores emitida por las fiscalías de Granada, Castellón y Orense: “Ponen de manifiesto una situación que esta anualidad se está dando en distintas partes del territorio español y que consiste en el abandono de menores migrantes (principalmente de origen marroquí) a las puertas de las comisarías, puestos de la Guardia Civil o centros de protección de menores”. TE PUEDE INTERESAR Manifiestan “encontrarse en situación de desamparo con el fin de que las instituciones españolas asuman su tutela, protección y desarrollo personal y educativo”. Según el documento, durante el año 2024 el mayor número de menores no acompañados fue de nacionalidad marroquí. “A diferencia del 2023, en el que la nacionalidad predominante de estos menores era Senegal, el mayor número procede de Marruecos (1.834), seguido de Mali (1.190), Argelia (1.006) y Senegal en cuarto lugar con 687 menores. Respecto a las llegadas por vía terrestre a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la primera ha recibido en su territorio a 2.768 menores irregulares, habiendo recibido Melilla 147”, precisa. Además, la fiscal de Las Palmas señaló que “los documentos aportados por los extranjeros para fundar su pretensión de minoría de edad generalmente no son originales, presentándolos a través de fotos que les llegan a sus teléfonos móviles”. En cualquier caso, añade que la documentación pública marroquí, donde existe un tratado bilateral entre Marruecos y España, es la única que permite el reconocimiento de los documentos públicos como prueba tasada. La Fiscalía General del Estado ya advirtió de dificultades para repatriar a los menores no acompañados que llegan a España procedentes de Marruecos por la escasa colaboración de las autoridades de Rabat. El ministerio público incluyó esta advertencia en su última memoria anual, en la que recopila sus actuaciones y destaca las incidencias más relevantes. En ese mismo documento que se eleva al rey Felipe VI, también alertó de otras prácticas que se llevan a cabo para forzar que España asuma la tutela de estos jóvenes.