V. H., de origen mexicano, llegó a Arizona cuando apenas tenía un año. Vivió sin documentación gran parte de su vida, pero no fue hasta que cumplió los 18 cuando se dio cuenta de lo que significaba no tener los papeles en regla en un país como Estados Unidos. “Me di cuenta de mi estatus migratorio porque no podía solicitar ciertos programas, ir a algunas universidades o pedir becas. En Arizona aprobaron una ley en 2007 por la cual ningún estudiante migrante indocumentado puede pedir becas, aunque sean locales”. Hasta entonces, ella había crecido como una más. “Sabía que en mi familia le teníamos miedo a la Policía, pero no entendía que fuera por nuestro estatus migratorio”, explica a Público. Durante la Administración Obama consiguió que se le otorgase la DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protege a los jóvenes contra la deportación y les otorga una autorización legal para trabajar en Estados Unidos, pero no fue hasta los 26 años y tras casarse cuando pudo iniciar la tramitación para obtener su ciudadanía.PublicidadForma parte de una familia “mixta”: su abuela sí tiene la ciudadanía pero no su madre. Fundadora de la ONG Poder en Acción, que trabaja por el empoderamiento de las comunidades de personas migrantes y sus derechos, explica que todo lo que sucede ahora en el resto del país hace tiempo que forma parte del día a día en Arizona, donde las redadas contra la población migrante vienen de lejos. En materia de política migratoria, V. H. apenas distingue entre demócratas y republicanos. No en vano, Barack Obama ha pasado a la historia, de momento, como el presidente con más deportaciones a sus espaldas.Israel Concha: “Sufro estrés post traumático; te amarran con cadenas de metal y llega un momento en que te derrumbas”La historia de Israel Concha, también de origen mexicano, es similar pero difiere en un detalle importante a la de V. H.: a pesar de haber llegado a Estados Unidos con dos años y haber desarrollado toda su niñez y vida adulta en el país, en 2012, mientras repartía con su camioneta, fue parado por las autoridades estadounidenses y encerrado durante dos años en un centro de detención. Aquello le dejó unas secuelas irreversibles. “En el centro me dedicaba a repartir tarjetas de abogados que proporcionaban asesoría a la gente migrante; pero me pillaron y me llevaron un mes al hoyo como castigo”. Cuando dice el hoyo, Israel hace referencia al aislamiento. “Sufro estrés post traumático; te amarran con cadenas de metal y llega un momento en que te derrumbas”, explica.En 2014 fue deportado a México, pero su pesadilla no terminaría ahí. Es común que a las personas deportadas, en la frontera, sus propios compatriotas les extorsionen o les secuestren para hacerse con las remesas. Y eso último, precisamente, fue lo que le ocurrió a Israel. No solo eso: una vez deportadas, estas personas, que han pasado toda su vida en Estados Unidos y que, muy a menudo, carecen de redes familiares o de amistad en su país de origen, son víctimas de la marginación. “Muchos consideran que si nos han deportado es porque somos criminales. Otros creen que somos unos perdedores”. Tras su experiencia, Israel Concha ha conseguido convertir aquél episodio en un proyecto que tiene como objetivo ayudar a las personas deportadas. Se trata de New Comienzos, una organización constituida tanto en México como en Estados Unidos que él mismo puso en marcha y que brinda a las personas deportadas no solo apoyo inmediato, sino que les guía en su vuelta tras la expulsión.La organización ofrece recursos en materia de salud mental, les ayudan a salir de la frontera cuanto antes, a reintegrarse en la vida laboral mexicana y, en definitiva, a reconstruir su vida tras la deportación. “Queremos humanizar este proceso”, dice el activista. En México existe el programa federal México te Abraza, que forma parte de la Estrategia de repatriación y que tiene como meta “recibir de manera cálida y humana a las mexicanas y mexicanos que sean retornados de Estados Unidos”, pero Israel asegura que el programa no estaría dando los frutos esperados. “El Gobierno mexicano no está preparado para la reintegración ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo de estas personas. Hoy por hoy, no existe un sistema de retorno digno. Está roto”. Además de guiar el retorno y proporcionar todo tipo de ayuda, desde New Comienzos también se documentan las historias de estas personas para que quede constancia.PublicidadEn 2021, Israel Concha pudo volver a Estados Unidos tras poder acreditar su situación y conseguir la documentación necesaria. Vive en Los Ángeles. Asegura que desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca el trabajo se ha triplicado, pero que eso no le hará decaer en su empeño por ayudar a quienes se encuentran en la misma situación que estuvo él hace apenas unos años.De la criminalización del migrante a la criminalización de quien le defiendeSi bien las deportaciones de personas migrantes, sobre todo de origen latino, se han vuelto más evidentes durante estos primeros 500 días de mandato de Trump, no hay que olvidar que ha sido una constante en la historia reciente de Estados Unidos. “Bajo Biden hubo, digamos, un alivio temporal, pero realmente no se produjo ningún cambio estructural en estas políticas. Desde Clinton, en los años 90, ha habido un retroceso en los niveles de protección en los estándares de lo humano, especialmente a partir del 11 de septiembre”, explica Camilo Pérez Bustillo, de Witness at the Border (Testigos en las fronteras). “Desde entonces no hemos tenido respiro en la criminalización de los sujetos migrantes. Hemos emulado lo peor de las políticas en Europa”.Camilo Pérez Bustillo: “Trump está siendo mucho más agresivo que otros presidentes en cuanto a la estigmatización, el racismo y la xenofobia”Pérez Bustillo habla de un “efecto espejo” entre lo que ocurre en el Egeo y en el resto del mar Mediterráneo con lo que pasa en Estados Unidos. El activista por los derechos humanos y abogado destaca que Trump está siendo mucho más agresivo que otros presidentes en cuanto a la “estigmatización, el racismo y la xenofobia”. Otra de las diferencias tiene que ver con la militarización del terreno. “Lo de Obama tenía que ver más con las transacciones políticas internas. Obama hacía lo que consideraba necesario para proteger su flanco contra los embates de la derecha republicana. Lo que vemos ahora en Estados Unidos es especialmente preocupante; ya no solo por el ritmo acelerado del número de personas detenidas bajo condiciones equivalentes a tortura y las desapariciones forzadas; sino también por lo que al número de muertes bajo custodia respecta”, dice el activista, quien considera que lo que está llevando a cabo Trump puede ser calificado de “crímenes de lesa humanidad”. Para Katie Blankenship, fundadora de la ONG Sanctuary of the South, que acompaña a personas migrantes, lo que diferencia a Trump en materia de gestión migratoria son “la crueldad y el dinero”. Ella cree que el dinero está detrás de todas sus actuaciones.PublicidadEn los últimos meses, además de la intensificación de las redadas contra las personas migrantes, se ha empezado a dar en Estados Unidos otro fenómeno: la represión de aquellos y aquellas que tejen redes para ayudar a la ciudadanía migrante. No en vano, algunas de las ONG que proveen soporte a los y las migrantes han declinado, por miedo, dar su testimonio en este reportaje. En este sentido, el asesinato extrajudicial de Renée Nicole Good y de Alex Pretti en Mineápolis cuando trataban de ayudar a sus compatriotas supuso un punto y aparte. Su muerte a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en inglés), un cuerpo prácticamente parapolicial a quien la Administración Trump ha dado carta blanca para perseguir y detener a extranjeros en situación irregular, sacó a miles de personas a la calle en estados como el de Minnesota. Estos asesinatos, así como las políticas racistas de Trump, están teniendo un impacto profundo en la opinión pública. Según los últimos datos de Civiqs, una empresa de sondeos de opinión pública, un 49% de la población estadounidense estaría a favor de la abolición del ICE.En el contexto de imágenes indigeribles de menores separados de sus progenitores y encerrados en jaulas durante días sin que se respeten los derechos humanos, sin embargo, también hay lugar para la esperanza. A raíz de la situación de miedo y vulneración de derechos que viven miles de compatriotas, la ciudadanía estadounidense se ha organizado más que nunca para intentar proteger a sus vecinos y vecinas. Un buen ejemplo de ello es el proyecto Witness at the border, del que forma parte Camilo y que tiene como eje “el acto subversivo de ver”. Iniciado en 2018 frente al centro de detención de niños migrantes en Tornillo (Texas), el proyecto se ha extendido a todo el país y ya cuenta con miles de voluntarios. Su tarea consiste en plantarse delante de los centros de detenciones, aeropuertos y otras infraestructuras migratorias y observar, ser testigos anónimos de lo que las autoridades hacen con la población migrante.Ante los intentos de la Administración Trump por criminalizar la ayuda comunitaria, la respuesta de la ciudadanía ha sido continuar tejiendo redes y denunciando las vulneraciones de los derechos de sus vecinos y vecinas. “La observación ciudadana es una de las últimas trincheras estratégicas; un último resquicio de defensa de la democracia. Se vio clara su importancia en las ejecuciones extrajudiciales de Good y Pretti. Ellos eran observadores desarmados que estaban ejerciendo su derecho a la libre asociación y expresión; y que estaban documentando violaciones constitucionales de los derechos de sus vecinos. Y lo estaban haciendo de manera pacífica y organizada, porque ambos pertenecían a redes de ayuda. Habían sido formados y capacitados”, subraya Pérez Bustillo. Para el abogado, el asesinato de estas dos personas supuso el cruce de una línea roja. “Tuvo un efecto enorme en la opinión pública. Si tocan así a una madre gringa prototípica, imagínese qué no van a hacer con otros”. Estos asesinatos tuvieron un efecto contrario a lo que esperaba la Administración: “Se estimuló la indignación y el compromiso”. A pesar de la activación de una serie de redes vecinales y la salida a la calle de miles de personas para protestar, Blankenship hace énfasis en el componente de racismo blanco que existe entre la sociedad blanca estadounidense. “Este racismo va ligado a nuestra historia; y tengo fe en que se produzca un cambio entre la ciudadanía estadounidense, pero la realidad es la que es. Nuestro futuro está en manos de las personas de color, en los y las jóvenes, pero aún nos queda mucho camino por recorrer”, sentencia. De patrullar la frontera a defender los derechos de las personas migrantesAl otro lado de la pantalla, la imagen que emana Jenn Budd es la de una persona cercana y amable. Acompañada de un perrito que descansa a su vera, atiende a Público desde su casa en San Diego. Licenciada en Derecho, Budd trabajó durante seis años —desde 1996 y hasta 2001— como agente de fronteras; una etapa que queda reflejada en uno de sus libros, Against the Wall: My Journey from Border Patrol Agent to Immigrant Rights Activist (Contra el muro: mi viaje de agente de la patrulla fronteriza a activista por los derechos de los migrantes, publicado por Heliotrope Books en 2022 y, de momento, sin traducción al español). En él, la estadounidense narra su ingreso en el cuerpo, la violación que sufrió por parte de uno de sus compañeros o las humillaciones y el trabajo que les hacían llevar a cabo, entre otros asuntos. Escribe sobre familias enteras cruzando desde México, debilitadas por la inanición y la sed; exhaustas tras un largo camino desde otros países de América Central; habla de cómo los agentes violan de manera sistemática a las chicas que cruzan; cómo abusan incluso de menores. El relato de su empleo como patrullera en la frontera va tejiéndose a lo largo de las páginas con su propia autobiografía.Su cabeza hizo click cuando vio lo que el trabajo le estaba haciendo a sus compañeros y a ella misma. “Lo vi claro cuando me obligaron a montar un operativo de un mes en Indio, en California. Fue el mes más sangriento que jamás he visto. Indio es un desierto. Me llevé a un grupo de agentes a los que había entrenado y en quien podía confiar. Mi compañero de patrulla era adicto a la oxicodona y al alcohol. Me di cuenta de que este oficio había destruído su empatía y la de los demás, el sentido del bien y del mal, su humanidad”. Fue entonces cuando decidió solicitar un cambio. “Pensé que si me trasladaban a Inteligencia podría investigar de verdad. Había aprendido durante mis prácticas con el FBI, antes de ingresar en la patrulla fronteriza. En poco tiempo asumí que en las oficinas tampoco se investigaba nada”.Cuando habla de “investigación”, Jenn Budd se refiere a casos de tráfico de menores por parte de las autoridades, a las violaciones de policías a mujeres que cruzan la frontera, a las persecuciones ilegales que acaban con la muerte de las personas migrantes, a la separación de menores y progenitores, a encierros más largos de lo que permite la ley y un largo etcétera de vulneraciones de derechos humanos y crímenes cometidos por quienes ostentan el poder y se creen impunes. La expatrullera intentó denunciar a algunos altos mandos —conscientes de todos estos crímenes—, pero fue entonces cuando fueron a por ella y la amenazaron. Un día llegó a casa y le dijo a su mujer que no volvería a ponerse el uniforme.Lo que Budd relata en el libro son decenas de violaciones de todo tipo; cada una acompañada de su encubrimiento; de escuchas ilegales, de palizas y de asesinatos extrajudiciales. Y ella no habla de la era Trump, sino de los años 90. “Estas agencias siempre han actuado de la misma manera; ya antes del 11S hay informes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre la brutalidad y los abusos de los agentes de frontera. Nada de lo que ocurre ahora es nuevo. Ahora es cierto que han perfeccionado el arte de detener a la gente en la calle y justificarlo, han mejorado el encubrimiento de pruebas y cómo deshacerse de ellas”, relata. En este sentido, la exagente constata una realidad: tanto si gobiernan los demócratas como los republicanos, las políticas de migración son similares.Lo que sí marcó un antes y un después, explica, fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Entonces no solo se limitaron los derechos de los migrantes, sino del resto de estadounidenses. Destinaron millones de dólares a agencias que permitieron la entrada de terroristas al país sin rendir cuentas ni dar explicaciones de cómo sucedió”. Consciente de que actualmente no sería contratada en el cuerpo “por ser lesbiana”, Budd quiere dejar algo claro: siempre se sintió más segura con la gente que cruzaba que con sus propios compañeros. “Y eso era porque la gente que cruza no son personas criminales. Nunca atrapé ni a un solo terrorista cruzando ilegalmente la frontera sur. Ahora han empezado a llamar terroristas a quienes buscan asilo”.Desde que dejó el cuerpo, Jenn Budd se dedica al activismo por los derechos humanos; además de contar su experiencia en los diferentes libros que ha publicado, patrulla con otros activistas para intentar ayudar a la gente que cruza. Gracias al conocimiento que le dieron esos seis años como agente de fronteras se ha convertido en un altavoz de los abusos constantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del país en contra de las personas que migran.