La reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) ha colocado al presidente Bernardo Arévalo ante una decisión que trasciende lo técnico, coinciden analistas consultados por Prensa Libre.
El Ejecutivo debe definir si sanciona el decreto 18-2026, pese a los cuestionamientos de expertos, o si lo veta y asume el costo político de frenar una medida que los diputados han presentado como un alivio para los propietarios de viviendas y muestran que están trabajando para la población.
El decreto llegó al Ejecutivo después de que el Congreso introdujera cambios importantes a la propuesta durante la sesión en la que fue aprobada. En un análisis realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y que coincide con los especialistas entrevistados por este medio, todos coinciden en que era necesaria una reforma y así ayudar a los guatemaltecos. Sin embargo, la discusión en el Congreso dejó de ser únicamente técnica y se utilizó con fines políticos.
Analistas consideran que la reforma fue aprobada en un momento en que el Legislativo comienza a moverse en un ambiente preelectoral. Para distintos diputados y aspirantes a cargos de elección popular, presentar la eliminación o reducción del IUSI para viviendas como un beneficio directo a la población puede convertirse en un argumento político.
