Ha pasado una semana desde que Claudia Sheinbaum y su consejera jurídica Luisa María Alcalde anunciaron los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias (lo que eso signifique), que no es más que una herramienta que ideó el gobierno para sancionar a cualquier medio de comunicación o periodista que (según ellos) no distinga en sus espacios la diferencia entre informar y opinar.
“Maten al mensajero” es una frase que se usa desde tiempos antiguos, usadas por reyes y gobernantes, quienes preferían desaparecer a quien no les decía lo que querían en lugar de enfrentar los cuestionamientos. Ahora en su versión segundo piso de la cuarta transformación, es prácticamente lo mismo.
La incongruencia de la presidenta y su gobierno es de tal magnitud que, o no dimensionan que las propias reglas que ellos quieren imponer a los medios de comunicación, ellos las violan todos los días en la conferencia mañanera o simplemente se las pasan por el arco del triunfo.
Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez, José Merino y seguramente muchos más, argumentan que los medios tienen la obligación de presentar información de manera correcta pues actualmente no lo hacer de forma veraz y para ello pondrán a un “sensor” que decidirá entre lo correcto y lo incorrecto. Pero, ¿quién determinará entre esos dos conceptos?; ¿qué criterio se usará para ello?; ¿qué credenciales deberá tener ese sensor para ser el dueño de la verdad a conveniencia?
