Publicidad12 de agosto, 2026 - 13h43La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, no descartó presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la presunta existencia de ‘salas espejo’ conectadas al sistema de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito.La funcionaria se refirió al tema luego de asistir a la ceremonia de relevo de la guardia de la escolta legislativa, en la Asamblea Nacional. Morillo señaló que, en caso de confirmarse un uso indebido de las cámaras, el Gobierno acudirá a la Fiscalía, tal como ocurrió con el caso de Segura EP, en Guayaquil, con el objetivo de determinar la existencia de una presunta red de corrupción.El ministro del Interior, John Reimberg, había señalado a inicios de esta semana que se presume que existió filtración de información durante la planificación de operativos. PublicidadEn ese contexto, habló de un presunto “mal manejo de las cámaras” y de la existencia de ‘salas espejo’, por lo que la Policía Nacional asumió el control del sistema de videovigilancia del Municipio de Quito.Morillo cuestionó la respuesta del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien negó la existencia de salas espejo. La ministra sostuvo que se estaría intentando modificar la narrativa frente a la ciudadanía y pidió al alcalde revisar las declaraciones de Reimberg.Según Morillo, el ministro del Interior no habló de allanamientos, como señaló el Municipio de Quito en un comunicado, sino de la existencia de un convenio que permitirá que, en adelante, la Policía Nacional tenga el control de las cámaras de videovigilancia de la capital.PublicidadPublicidad“Los quiteños merecen que su seguridad esté en manos de las instancias competentes”, sostuvo la ministra, al defender el cambio en la administración del sistema.Morillo insistió en que se han detectado algunas salas espejo que presuntamente operaban de manera paralela al sistema oficial de seguridad. Añadió que, desde el lunes, la Policía Nacional tomó el control de las cámaras y actualmente realiza un inventario para determinar su estado, ubicación y el destino de la información que generaban.La ministra señaló que el objetivo es establecer quiénes tenían acceso a esa información y a quiénes se reportaban los datos obtenidos mediante las cámaras, que, según dijo, deben estar destinadas exclusivamente a garantizar la seguridad de los habitantes de Quito.Asamblea prepara fiscalizaciónEl asambleísta Andrés Castillo (ADN), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Integral, recordó que el 30 de junio de 2026 el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso iniciar un proceso de fiscalización sobre el sistema de videovigilancia de Quito.Castillo aclaró que la comisión todavía no ha iniciado la fase de comparecencias, debido a que actualmente se encuentra recopilando información. Una vez concluida esa etapa, se convocará a las autoridades y funcionarios relacionados con el caso.La mesa legislativa tiene un plazo de 90 días para llevar adelante la fiscalización, cuyo objetivo es conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos relacionados con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.PublicidadEl proceso también busca determinar una eventual participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en la administración o gestión de estos sistemas, así como establecer posibles afectaciones a la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la protección de la información.Castillo explicó que el procedimiento seguirá una metodología similar a la aplicada en el caso de Segura EP: primero se recopilará la documentación y, posteriormente, se convocará a las personas involucradas para que rindan su versión ante la comisión.El legislador oficialista consideró preocupante la presunta existencia de salas espejo, al señalar que las cámaras de seguridad deben estar destinadas a prestar un servicio a la ciudadanía y no a generar mecanismos paralelos de acceso a la información.El asambleísta por Pichincha indicó que la comisión ya cuenta con información proporcionada por el ministro del Interior, así como con datos relacionados con el convenio entre el Municipio de Quito y el Gobierno para que la Policía Nacional asuma el control de las cámaras.Añadió que, si durante la fiscalización se detectan irregularidades relacionadas con ese convenio o con el manejo del sistema de videovigilancia, se realizarán las convocatorias correspondientes.Castillo enfatizó que las cámaras deben utilizarse como herramientas para la prevención y la investigación del delito, y no como mecanismos para obtener o administrar información de los ciudadanos con fines ajenos a la seguridad pública. (I)