Ayer fuimos testigos de un nuevo capítulo en el registro de los disparates contemporáneos de la política internacional. Donald Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual reclama a los estados de Norteamérica que revisen sus protocolos de vacunación. Pero la medida no busca elevar los estándares ni fortalecer la prevención frente a nuevas amenazas, sino reducirlos. La Casa Blanca acelera el desmantelamiento de la red de protección inmunológica de su población. Cabe preguntarse qué opinan ante semejante retroceso los infectólogos, los biólogos y la comunidad científica, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La administración aspira a recortar los niveles de cobertura amparándose en la supuesta vinculación entre las vacunas y el autismo, un argumento cuyo fundamento médico es inexistente y que ha sido desmentido de forma contundente por la investigación científica global. El escenario se vuelve aún más grave al considerar el contexto actual de la salud pública. La falta de vacunación contra el sarampión en territorio estadounidense ya ha provocado brotes y epidemias locales. Ignorar el resurgimiento de enfermedades prevenibles y erradicables para complacer prejuicios ideológicos representa una irresponsabilidad de proporciones alarmantes.