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El reciente caso del diputado Julián Pérez, a quien un comisario denunció porque lo vio golpeando a su expareja en su comisaría, donde ella llegó para denunciarlo por violencia psicológica, ratificó el patrón de comportamiento de los partidos y del Congreso frente a casos de violencia de género: filas cerradas con el agresor.
Solo por presión pública, Juntos por el Perú pasó de afirmar que evaluarían sanciones a anunciar, cinco días después, que suspenderán a Julián Pérez.
El primer congresista condenado por violación sexual fue Leoncio Torres Ccalla. Después de larga batalla judicial por tentativa de violación sexual contra una menor de 16 años traída desde Puno para trabajar en su despacho congresal, el congresista de Perú Posible fue condenado a 8 años de prisión. Meses después rebajaron su condena a 6 años. Inicialmente, el Congreso optó por suspenderlo 120 días, no por levantarle la inmunidad, como correspondía. Solo se la quitaron cuando el Poder Judicial lo pidió.
Durante todo el segundo semestre del 2022, el Congreso blindó a Freddy Díaz, congresista que, según constató la sentencia judicial en 2024, drogó y violó a una de las trabajadoras de su despacho. Recién en enero de 2023, el Congreso lo inhabilitó por diez años. El Poder Judicial lo condenó a purgar prisión por 13 años y luego elevó la pena a 20 años.
