El tiempo para ejecutar el Plan de Recuperación puesto en marcha tras la pandemia está llegando a su fin y algunos conflictos surgidos en los últimos años entre el Gobierno de España y la Comisión Europea por la implementación de determinados hitos se están empezando a resolver. Es el caso del incremento de la fiscalidad del diésel, un compromiso que España asumió con Bruselas en línea con lo recomendado por los expertos de la reforma fiscal y con la normativa de la mayor parte de los países europeos. Sin embargo, la equiparación de los impuestos al diésel con los de la gasolina no verá la luz finalmente, lo que ha supuesto una pérdida de parte de los fondos comprometidos. Los intentos del Ejecutivo por sacar adelante el incremento del impuesto al diésel han sido reiterados. Primero lo quiso incluir, sin éxito, en los presupuestos de 2021; después lo intentó pactar en el marco de la reforma fiscal de 2024, pero el rechazo de Podemos, PNV y Junts lo hizo imposible. Posteriormente, negoció con la Comisión Europea el visto bueno de una parte del hito 388, en el que está incluida esta medida, sin que hubiera una modificación legislativa, algo que ha conseguido parcialmente. La Comisión explica en su decisión de implementación del tres de agosto que considera "no cumplido satisfactoriamente" el citado hito, en lo relativo a la fiscalidad del diésel, un aspecto incluido en la solicitud del quinto pago y que debería haber entrado en vigor en marzo de 2023. En consecuencia, aplica el artículo 24, apartado ocho, del reglamento del fondo de recuperación y calcula la retirada de 197.971.828 euros de la parte de subvenciones del plan asignado a España (un total de 79.000 millones, sin contar con la prefinanciación). TE PUEDE INTERESAR En una comunicación posterior, el siete de agosto, con motivo de la novena adenda al plan solicitada por España, Bruselas aclara en relación al hito 388 y al dinero restado que "España no puede solicitar su desembolso a la Comisión", por lo que el importe se ha perdido definitivamente. No obstante, el Ejecutivo ha logrado paliar el golpe porque ha convencido de que una parte de la reforma sí se ha cumplido. Tras meses de alegaciones, el Gobierno de España argumentó que, en el fondo, el objetivo recaudatorio sí había sido satisfecho porque los ingresos tributarios se han incrementado permanentemente en 0,36 puntos porcentuales del PIB por otras reformas adoptadas, cumpliendo con el 0,3% exigido por el hito. Para ello entregó los datos provisionales de recaudación de 2025, que demuestran un alza a la que ha contribuido, entre otras, la no deflactación del IRPF. TE PUEDE INTERESAR Bruselas ha dado esta parte por buena, por lo que ha rebajado la penalización de los 475,3 millones retenidos inicialmente a los casi 200 finales. La cuestión es que el fin del tratamiento fiscal más favorable al gasóleo y, en general, la reforma de la fiscalidad medioambiental, era un compromiso literal en sí mismo dentro del hito, por lo que esa parte no ha podido darse por cumplida, pero Bruselas sí ha dado por buenas cinco de las seis áreas fiscales del hito y la totalidad del objetivo recaudatorio. Tras la comunicación de esta decisión el pasado siete de julio de 2026, España respondió el 13 que no tenía más alegaciones que aportar. Cabe recordar que el gasóleo soporta unos 10 céntimos menos por litro que la gasolina en el Impuesto sobre Hidrocarburos, una ventaja heredada de las políticas de hace décadas, pero que empezó a cambiar en Europa cuando se comprobó que contribuía más al cambio climático. España recauda estructuralmente menos que la media de la UE por impuestos ambientales, más aún en momentos como los de los últimos meses, de aplicación de rebajas fiscales a los carburantes para paliar el impacto en los consumidores de la crisis energética. El 76% de los fondos ya se han recibido Se trata de la primera cuantía perdida de la parte de subvenciones, ya que otras partidas están suspendidas, pero todavía se encuentran en fase de discusión. Además, los Estados miembros acumulan un amplio historial de modificaciones al plan inicial (adendas) que reformulan los objetivos para que sean más fáciles de cumplir o más sencillos de demostrar, por lo que no es habitual la retirada de dinero, como le ha sucedido ahora a España. TE PUEDE INTERESAR El caso más problemático que queda, por su importe y por la evolución de los hechos, es la reforma relativa al hito 144, de medidas para evitar el abuso de temporalidad en el empleo público. Por el momento, la Comisión ha bloqueado a España 626,6 millones por este motivo, un importe pagado inicialmente con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2021, pero retirado en julio de 2025 tras las sentencias del TJUE. El Gobierno ha hecho alegaciones al respecto y el cumplimiento venció el pasado siete de enero, aunque por el momento no hay más noticias. Este caso se cruza además con un dictamen motivado en marcha para el que Función Pública ha pedido más tiempo en pro de diseñar una estrategia con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A este se suman otros suspendidos por el momento y que, en teoría, su cumplimiento debería demostrarse como fecha límite el 31 de agosto para recibir el dinero. Se trata de los objetivos 301, 322 y 346 relativos a "formación profesional bilingüe", "inversiones en servicios de teleasistencia" y “proyectos para grupos vulnerables, emprendedores o microempresas”. Tienen un importe conjunto de 537 millones de euros y están ligados al sexto desembolso, pero el Ministerio de Economía ya ha anunciado en una nota de prensa que serán reformulados en una última adenda técnica para tratar de considerarlos cumplidos. TE PUEDE INTERESAR Esto hace un total de 1.163,8 millones pendientes de decisión a escasas semanas de que, teóricamente, termine la ejecución del plan. De hecho, Economía ya ha adelantado que realizará una séptima y última solicitud próximamente para tratar de completar los 60.320 millones actualmente recibidos en subvenciones y los 17.280 en préstamos, según la contabilidad de la Comisión. Es decir, España ha recibido el 76,3% del total del plan, 77.600 millones de 101.736, entre los cuales no se cuentan los más de 61.000 millones en préstamos a los que el Gobierno renunció.