El aval está garantizado, sin prejuicio de "las condiciones operativas" que sean necesarias y que ya se aplican a empresas que trabajan en otras áreas próximas a instalaciones militaresEl ministerio de Defensa no se opondrá al proyecto de la china SAIC Motor para instalar una fábrica de coches eléctricos en la localidad coruñesa de Ferrol. El mensaje se lo ha trasladado este martes la titular del departamento, Margarita Robles, al presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, según han confirmado a La Información Económica fuentes del departamento estatal. La conversación ha tenido lugar después de que se hiciera público el contenido de unos informes elaborados por Defensa y por los servicios de inteligencia que advertían sobre el riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el emplazamiento de la futura planta de coches y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, donde la compañía opera actualmente con sistema militares estadounidenses. El texto de estos informes fue avanzado por El Mundo y El País. Una vez hechos públicos, el propio ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, dejó clara la disposición del Gobierno que dirige Pedro Sánchez para que el proyecto se lleve a cabo, siempre que se fijen las "condiciones" para garantizar su viabilidad y el respeto a la Seguridad Nacional, algo a lo que se han comprometido también desde el gigante chino. Un tema que ya ocupa a BruselasEl proyecto de SAIC para levantar su primera planta en España y la polémica generada por los informes de Defensa y el CNI tienen lugar en pleno esfuerzo político y legislativo de la Unión Europea para reforzar su autonomía frente a otros gigantes económicos. Fuentes del ejecutivo comunitario reconocen a este diario que movimientos como el del fabricante de coches eléctricos que, como ya han hecho antes otras grandes firmas chinas, opta por un emplazamiento estratégico en suelo europeo para situar una de sus fábricas, han generado cierta inquietud y llevado a la Comisión Europea a movilizarse.Las mismas fuentes citan la propuesta de Ley de Aceleración Industrial, presentada el pasado mes de marzo y que, por primera vez, fija las condiciones para la inversión de un tercer país en territorio europeo -de forma que estas resulten en valor añadido para la región- supone de facto una gran "reorientación de su política económica"."La Comisión es consciente de los posibles riesgos que la propiedad extranjera podría suponer para nuestras infraestructuras", apuntan las mismas fuentes. Inciden, además, en que los Estados miembros y la Comisión evalúan, "caso por caso", si una adquisición concreta supone una amenaza para la seguridad o el orden público y, en caso afirmativo, proponen medidas adecuadas para mitigar dichos riesgos. "Se considera la prohibición de una IED (inversión extranjera directa) en los casos en que no parezca posible mitigar los riesgos", añaden.Con todo, hacen hincapié en que el Estado miembro en el que se realice la inversión será el responsable último de la investigación, la decisión final y el seguimiento y la aplicación de las medidas de mitigación que se impongan. "La Comisión no está en condiciones de pronunciarse sobre operaciones concretas por motivos de confidencialidad", zanjan.