La información sobre la vivienda vinculada a la presidenta madrileña resulta especialmente llamativa por el momento en que aparece.
Miguel Ángel Revilla tiene una virtud que a veces se agradece en política al llamar a las cosas por un nombre bastante parecido al que tienen. Y en el caso de la última polémica que rodea a Isabel Díaz Ayuso ha resumido su impresión con una frase difícil de mejorar: «lo que es, es lo que parece».
No sé si todo será finalmente tan sencillo como lo presenta el expresidente cántabro, pero sí tengo la sensación de que alrededor de Ayuso se está acumulando un material político cada vez más incómodo para un Partido Popular que aspira a gobernar España.
La información sobre la vivienda vinculada a la presidenta madrileña resulta especialmente llamativa por el momento en que aparece. No porque un político tenga que vivir necesariamente en un piso de setenta metros cuadrados, comprar en el supermercado más barato o renunciar a cualquier comodidad para demostrar sensibilidad social. Esa caricatura no conduce a ninguna parte y es obvio que la cuestión es otra.
Cuando España atraviesa uno de los mayores problemas de acceso a la vivienda de las últimas décadas, cuando miles de jóvenes retrasan indefinidamente su emancipación y cuando pagar un alquiler se come buena parte del salario de millones de ciudadanos, resulta inevitable que provoque cierta perplejidad contemplar a una presidenta autonómica asociada a una residencia cuyo coste, según se ha publicado, se movería en cifras millonarias.
