El proceso extraordinario de regularización en España ha sido para muchos inmigrantes como atravesar un campo de minas. El millón largo de solicitudes, que duplicó las estimaciones iniciales del Gobierno, ha saturado los servicios públicos y las ONG, lo que ha trabado un proceso ya marcado por la complejidad burocrática y la urgencia de los plazos. Y para enredarlo aún más, por el camino de la tramitación ha surgido un mercado informal de intermediarios que prometían atajos, pero que han añadido trampas y picaresca al papeleo y han encarecido un procedimiento que en teoría ha costado a cada solicitante 38,8 euros por las tasas.La embrollada ruta hacia el permiso de residencia comienza por acreditar dos requisitos esenciales: que no existan antecedentes penales y haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026. Para probarlo, hay que conseguir un certificado del país de origen que justifique la ausencia de condenas, un documento que acredite que se ha vivido en España el tiempo necesario y un justificante de trabajo, vínculos familiares o vulnerabilidad. Con los documentos en la mano, se alcanza por fin la fase del trámite administrativo: completar el formulario de la solicitud, presentar el expediente y abonar las tasas. Entremedias, demasiados obstáculos:La vía rápida. Los solicitantes de asilo tenían una vía de acceso más rápida que el resto. El Gobierno solo les requería el certificado de antecedentes penales, porque la solicitud de protección internacional ya acredita la residencia en España y la vulnerabilidad. Génesis García, venezolana de 30 años, pidió el informe antes de que se saturase el consulado y lo recibió sin problemas. Tras dos años en España, donde llegó huyendo de las amenazas de muerte de su expareja, no quería dejar nada al azar y contrató un abogado para que presentase su expediente. Todo parecía bien encaminado. El 26 de abril, 10 días después del inicio del plazo, el abogado le aseguró que su caso estaba cerrado, aunque no le mandó ningún justificante. Extrañada, se lo reclamó durante dos meses. Por más que su abogado le insistía en que estaba dando seguimiento a su caso, nunca presentó su solicitud. Dos días después de la fecha límite, el 2 de julio, el letrado le confesó que, por un descuido, ni siquiera la había registrado como cliente en su despacho. —¿No denunció? —No. Necesitaba un abogado y ya me habían engañado una vez. Entré en pánico. Las ONG. Dos días antes de que comenzase el plazo de admisión de las solicitudes, el Gobierno incluyó como requisito el certificado de vulnerabilidad para quienes no pudiesen probar su situación laboral o que tuviesen a cargo a menores o a mayores de 65 años. El informe debía de ser gratuito y expedido por los Ayuntamientos o por las 223 entidades autorizadas por el Ejecutivo. También aquí hubo abusos: ONG fraudulentas que engañaban para hacer caja. Tarik el Filali, de 27 años, lo sufrió. Trabaja en la construcción sin contrato laboral desde que en 2023 emigró de Marruecos a Torrevieja (Alicante), un municipio de 113.000 habitantes en el que el 54% de los residentes es extranjero. Allí también tiene su sede, desde 2019, la Organización para la Infancia y el Desarrollo de África (ORIDA), que ofrece apoyo a inmigrantes. El Filali acudió a ellos y pagó 60 euros por un certificado de vulnerabilidad que luego descubrió que no le servía: ORIDA no estaba entre las entidades acreditadas. Su abogado se lo advirtió a tiempo y pudo conseguir el documento por otra vía, pero asegura que nunca le devolvieron el dinero.Christine Ayissi, directora de la organización, admite que firmaron múltiples informes, pero no sabe cuántos. La Escuela de Periodismo UAM-EL PAIS tiene constancia de cuatro. Ella explica que no sabía que tenían que acreditarse y que no pedían dinero por los certificados, sino que algunos les hicieron una donación. “Si no les sirve, lo siento, yo solo trataba de ayudar a la gente”, sostiene Ayissi. “Me tendrían que condecorar por el trabajo que hago”. Sin delitos. El siguiente trámite, el certificado de antecedentes penales, que era obligatorio para todos, fue el gran muro de la regularización. En Honduras, por ejemplo, solo se podía conseguir presencialmente. Ernesto Moreno, hondureño que reside en Madrid, pagó a un abogado de su país para conseguir el suyo y vio la forma de obtener ingresos extra proporcionándole clientes. Empezó a cobrar 60 euros a sus conocidos y luego ya se anunció en grupos de Facebook, porque, explica, quería ayudar a los “muchos que no tienen a alguien con acceso a un juzgado”. Él aprovechaba las visitas a España de conocidos para que le llevaran los documentos. La avalancha de peticiones desde España llegó hasta el Congreso Nacional de Honduras, que en abril inició un proyecto de ley que pretende simplificar el trámite de los antecedentes penales para su uso en el extranjero, en respuesta a la “necesidad urgente [de este documento], particularmente en el Reino de España”, según una nota de prensa.La permanencia. Otro requisito obligatorio era demostrar haber estado ya en España cinco meses antes de presentar la solicitud. Desde marzo, el Ministerio del Interior ha desarticulado cuatro organizaciones criminales que falsificaban estos documentos —especialmente altas en el padrón y contratos de trabajo— y operaban en todo el territorio nacional. Interior ha arrestado a 85 personas hasta finales de julio y estiman que, en conjunto, estas redes atendieron a más de 5.000 personas, a las que cobraban entre 3.000 y 10.000 euros. Los abogados. Yúber Pérez (Colombia, 41 años) contrató a un abogado para que presentase su expediente, como el 64% de los solicitantes, según el Ministerio de Migraciones. Aunque él creía que era Pau Ventura, un popular abogado de extranjería con 1,6 millones de seguidores en TikTok, la cuenta a la que contactó, con tan solo cuatro seguidores en Facebook, resultó ser falsa.Desde el otro lado de la pantalla le reclamaron primero 50 euros, para “reservar la plaza” y después, 299 euros, para “finalizar el trámite”. Tras un mes sin recibir noticias, encontró en internet el despacho del verdadero Pau Ventura, donde le alertaron de que le habían estafado. Como muchos otros, decidió no denunciar por miedo a ir a una comisaría sin estar regularizado aún. Las huellas. Finalizado el plazo, presentadas las solicitudes y admitidas a trámite, llegan las primeras resoluciones aprobadas. Queda una última barrera: un mes para registrar las huellas y obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Pero en la mayoría de las provincias de España, la web del Gobierno donde se solicita turno en comisaría exhibe este mensaje: “En este momento no hay citas disponibles”. La única manera de reservar una fecha a tiempo es a través de locutorios y por redes sociales, donde se anuncian gestores que la pidieron con antelación. En uno de estos anuncios, la persona que atiende al teléfono explica que usa su certificado digital para asistir a gente que no lo tiene y que por la alta demanda cobra hasta 70 euros por cita.La segunda oportunidad. La negligencia del abogado que estafó a Génesis García le impidió acogerse a esta regularización, pero se le han abierto otras vías. José Torres, un abogado de Galicia, se ha especializado en ayudar a este tipo de perfiles. Encontró el vídeo en el que ella relataba su experiencia y se ofreció a llevar su caso sin cobrarle. Está presionando para que le devuelvan el dinero a la vez que trata de conseguirle la residencia por razones humanitarias. A García le han detectado endometriosis, una enfermedad crónica, y quizás, para seguir el tratamiento, pueda quedarse en España. Su caso es una excepción. El plazo ha terminado y no todos llegan al final del camino.02:09Las estafas a los migrantes durante la regularización